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SIGUEN DENUNCIAS CONTRA GRUPO URREA Y SU SOCIO HERNÁNDEZ, EN EL CASO NKS

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Guillermo Alejandro Hernández Pérez (de negro), socio del grupo Urrea, es acusado por ex trabajadores de NKS de cometer abusos y fraude en contra de ellos, por la venta de equipo charra de la ex empresa que estuvo ubicada en la Isla del Cayacal.

Ex trabajadores denuncian que siguen los abusos del empresario jalisciense Guillermo Alejandro Hernández Pérez, socio de la empresa Urrea.

 

Por Francisco Rivera Cruz

A pesar de que un grupo de ex trabajadores de la extinta NKS y abogados de la empresa BG Ingeniería, han denunciado en varias ocasiones las tropelías y abusos que han sufrido del empresario jalisciense Guillermo Alejandro Hernández Pérez, socio del prestigiado Grupo Urrea, para la compra y desmantele de los bienes de la extinta empresa de bienes de capital; dichos abusos siguen.

Explican en un amplio escrito puesto en circulación que los abusos van desde la intimidación a ex trabajadores mediante la fuerza pública, particularmente por elementos de la PGJE en este puerto, hasta la extorsión por un monto mayor a un millón de pesos, a todos sus clientes en el contrato mercantil de los bienes de la empresa, con el pretexto de comprarles protección con el Procurador del Estado, José Martín Godoy Castro.

Recuerdan que trascendió que dicho monto timado a los trabajadores no fue para entregarlo al Procurador sino para cubrir un desfalco económico que tenía en ese tiempo con su socio Rodolfo R. Villaseñor Urrea, por la supuesta compra de una báscula industrial para el control de los pesos de estructura a manejar.

Se afirma que incluso sacó provecho de esa situación ya que Guillermo Hernández, adquirió una báscula antigua con la empresa instalada dentro del puerto dedicada al desmantele de barcos, por un monto de cuatrocientos mil pesos.

Después de dicha denuncia pública, el Grupo Urrea, se desmarcó de toda relación de Hernández Pérez mediante oficio a la redacción de uno de los medios que publicaron la situación. Pero los quejosos no olvidan que a inicios de esta relación comercial, en el mes de agosto del 2016, el Grupo Urrea y sus filiales les presentaron como soporte económico y moral de Guillermo, para dar certidumbre en la operación.

E incluso en el mes de septiembre de ese mismo año, después de haber firmado el contrato de promesa de compraventa, “fuimos invitados y llevados con gastos pagados por el consorcio Urrea, a hacer una visita de las instalaciones de una de las plantas industriales en operación del multicitado Grupo Urrea”.

Y todavía más “el pecado y la penitencia del Grupo Urrea con este empresario pillo jalisciense, pues tanto el contrato de promesa y el contrato definitivo de compraventa, está rubricado por el dueño del Grupo Urrea Rodolfo R. Villaseñor Urrea y así, ni como se quiten la relación con el gánster empresario Guillermo Alejandro Hernández”.

También recuerdan los ex trabajadores que en los alardes de grandeza de Guillermo, ha comentado en reuniones con ellos, que él es gente importante y cercana al Procurador Godoy y que es por eso que tiene la protección de las autoridades michoacanas.

El tema “de novedad”, dicen los denunciantes, es que Guillermo Hernández, no ha cumplido con plazos y pagos correspondientes y a base de presión y en contubernio con el grupo de abogados encabezados por el Lic. Carlos Alfonso Melo y los apoderados, Francisco Javier Salome Sánchez, Alberto Barragán Sánchez y Leonardo Gama García, han realizado acuerdos a raja tabla, para que se le den prórrogas ventajosas para su beneficio “y con el beneplácito de quienes supuestamente velan por nuestro patrimonio”.

Ha trascendido que sigue desmantelando y vendiendo estructura equipos y chatarra a particulares, “por montos mayores que debería estarnos liquidando según nuestro contrato; pero ocurre al contrario”, dicen los inconformes vendedores de los equipos que se chatarrizan.

En el mes de diciembre del año pasado, -narran- nos hemos dado cuenta que Guillermo Hernández tiene un contrato secreto con ArcelorMittal, por cuarenta mil toneladas de chatarra pagaderas a un promedio de siete a ocho pesos el kilo, situación que él no ha reportado.

Es alarmante que está moviendo góndolas con chatarra a los patios de Aceración en la siderúrgica local para fundir y con nosotros no ha reportado nada, y más aún, preocupa el rumor de que ya tiene contratado un barco para llevarse la maquinaria de la Nave de Maquinado “sin que a nosotros nos dé cuentas”.

Comentan los ex trabajadores de NKS y quienes ganaron el derecho de venta de los bienes de la empresa, que a nadie de ellos se le permite el acceso que serviría para verificar los avances del desmantele y que el mismo vaya de acuerdo al calendario de pagos.

“…Como ya hemos visto la ventaja y abusos de este pseudo empresario, pues sí tenemos mucha preocupación de que nos vaya a defraudar”.

Mientras eso pasa, trascendió que los inconformes, ante el actuar del empresario y los apoderados, buscan interponer una denuncia penal por lo que pudiera suceder con su patrimonio.

“Nos preocupa de sobre manera que compañeros nuestros comenten que el Lic. Carlos Alfonso Melo y su grupo de abogados han abierto un despacho de lujo en la ciudad de Morelia y que el mismo Melo haya comprado un departamento lujoso en la colonia Chapultepec de la misma ciudad de Morelia, cuando los vimos que andaban “como todos nosotros, en crisis económica”.

Otros de los alardes de Guillermo Hernández, es de que él, está muy palanca con la gente de SCT en específico con uno de los directivos y que ya trae en la bolsa al nuevo Director de la Apilac, “esperemos que no sea el caso y el nuevo director haga su función imparcialmente”.

Por último también los ex trabajadores y abogados denunciantes hicieron el señalamiento de que en el juicio de Amparo Indirecto 594/2017 promovido por la empresa BG Industrial y Urbanización S.A de CV, ya el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán falló.

En su decisión, autorizó la suspensión provisional de toda acción para el desmantele de los bienes de la extinta empresa, toda vez que BG hizo válido su derecho de un contrato de compraventa formalizado con los ex trabajadores, previo al  que se firmó después con el Grupo Urrea, de lo que se desprendió una demanda judicial en contra de los ex trabajadores por doble venta y fraude, la cual está en proceso.

A todo esto, los ex empleados hacen nuevamente un llamado al Gobernador del Estado Silvano Aureoles Conejo, para que sus subordinados no apoyen a gente sin escrúpulos, como en este caso en particular de Guillermo Alejandro, que viene a hacer negocios en nuestro estado.

 

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