Morelia; Michoacán, 18 de octubre de 2018.- Lucila Martínez Manríquez diputada local por el Partido Verde Ecologista de México, propuso ante la cámara de diputados de la 74 legislatura la iniciativa de decreto que contiene la nueva Ley de Profesiones.
Michoacán no puede quedar al margen de las reformas que en materia de administración documental se están implementando en el país, hoy ya es realidad la cédula electrónica y nuestro estado no puede ser la excepción, en estas transformaciones, dijo.
Esta propuesta, tiene por objeto dar certidumbre al ejercicio profesional en el sentido de su registro, actualización y autorización; así como proteger a la sociedad estableciendo atribuciones de vigilancia sobre el ejercicio profesional en general.
En su desglose, la legisladora dijo que la dinámica social y la globalización educativa demandan una práctica profesional más ajustada a la realidad, así como un marco normativo que dé respuesta oportuna a los avances y exigencia.
“Los profesionistas de recientes generaciones, enfrentan nuevos desafíos de cara a los avances tecnológicos, por lo que se requieren normas que faciliten los trámites, generen estabilidad y procuren la eficacia de los procesos administrativos de la práctica profesional”, subrayó.
Es en este contexto, que el estado no se puede quedar a la zaga de los requerimientos sociales y debe fomentar, regular, vigilar y supervisar el ejercicio profesional de manera más eficiente, rompiendo paradigmas como la tradicional lista de grados, que incluía el grado de Bachiller, subrayó.
Hoy el ejercicio profesional de ciertas ramas exige que se distinga entre grados académicos y profesionalizantes; así, por ejemplo en el ejercicio de la medicina, las especialidades tienen un objetivo diverso de los grados académicos de maestría y doctorado, destacó.
“La dinámica social ha hecho obsoletas carreras que en el pasado fueron claves para la sociedad. Así, por ejemplo, la sociedad exige nuevas carreras, nuevas especialidades, nuevas ramas del conocimiento humano como grados o diplomados”.
Como legisladores tenemos la obligación de impulsar leyes que generen certidumbre y certeza jurídica, y en este sentido, la práctica del ejercicio profesional no debe ser la excepción, al contrario, debemos procurar que a través de la norma se genere contenido social, ético y cívico en este tema.
