Por Francisco Rivera Cruz
Cuatro observaciones derivaron de cinco auditorías practicadas por la Secretaría de la Función Pública a la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, de acuerdo a al primer informe de la dependencia federal.
Los ejercicios, fueron practicados por el órgano interno de control y aunque no se detalla lo encontrado, ya que el reporte es muy general, la finalidad era verificar riesgos posibles de ineficacia, así actos de presumible corrupción.
El informe indica que cuatro observaciones fueron efectuadas a las entidades portuarias de Lázaro Cárdenas y Puerto Madero, aunque API-Veracruz recibió nueve observaciones en las cinco auditorías.
Sin embargo, se desconoce si se llevó a cabo el proceso de solventación y desvanecimiento de observaciones que la SFP sustentó, o si se estuviera en ese proceso.
La Administración Portuaria Integral de Coatzacoalcos fue una de las que menor cantidad de observaciones tuvo en las auditorías practicadas a instituciones de su tipo.
Aunque su situación no fue mejor frente a Tuxpan y Mazatlán que no tuvieron ninguna observación en un par de revisiones a sus operaciones, ingresos, obras, servicios y cesiones.
“En las auditorías correspondientes al cumplimiento de cesión parcial de derechos para la prestación de servicios portuarios, las Administraciones Portuarias Integrales (API) revisadas (Manzanillo, Altamira, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Dos Bocas) presentaron irregularidades en los procesos de contratación de cesión parcial de derechos de servicios portuarios y de suscripción de convenios de prórroga y en el cumplimiento de éstos, del 1 de enero del 2018 al 28 de febrero del 2019”, sostiene el informe.
De acuerdo a la dependencia integrada al denominado gabinete legal, en nueve de 13 contratos revisados no se acreditó la evidencia de la autorización de las adjudicaciones ante el Consejo de Administración, previo a la suscripción del contrato y en tres de 10 convenios existieron irregularidades para comprobar el dictamen de procedencia de prórroga.
También la Secretaría que dirige Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, detectó la falta de evidencias de pólizas, de sanciones por 3.2 millones de pesos por penas convencionales, de pagos recibidos para la actualización en convenios de prórroga por 48.6 millones de pesos.
“Esta situación refleja que la operación de los servicios portuarios se encuentre en riesgo de legalidad y una posible discrecionalidad al asignar los contratos de cesión parcial de derechos y en la actualización de los convenios de prórroga”, concluyó.
