* Se trata del Tesorero Municipal, el Secretario Técnico, la ex Oficial Mayor y el ex Jefe de Reglamentos.
Por Rafael Rivera Millán
El actual Tesorero Municipal, Manuel Esquivel Bejarano, así como el Secretario Técnico de la Presidencia Municipal y ex alcalde interino, Adolfo Tovar Ontiveros, así como la ex Oficial Mayor Leticia Alejandre Palma y el ex jefe de Reglamentos de la comuna porteña, Servando Jaimes Gómez, están a punto de ser vinculados a proceso por presuntos actos de corrupción.
Lo anterior se desprende del amparo que esas cuatro personas solicitaron ante el Juez Tercero de Distrito en el estado, para evitar en el fondo que las demandas que existen en su contra, fueran judicializadas, lo que quiere decir en el lenguaje anterior al nuevo Sistema de Justicia Penal, que la averiguación previa que pesa sobre ellos, sea consignada ante el Juez competente.
La solicitud de amparo fue promovida a finales del año pasado por los 4 funcionarios, ya que aunque Leticia y Servando ya no ocupan esos cargos, sí siguen dentro del gobierno municipal. Sin embargo el 17 de enero de este año, el Juez Tercero de Distrito, les negó la suspensión definitiva del acto reclamado.
Cabe señalar que la denuncia por presuntos actos de corrupción, fue presentada en su momento por el síndico Miguel Ángel Peraldí Sotelo, quien señaló que dichos funcionarios estaban cobrando salarios y prestaciones económicas no autorizadas por el Cabildo, y ni tampoco estaban contempladas en la Ley de Egresos del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas para el ejercicio fiscal 2019.
La determinación del Juez Tercero de Distrito es clara, al señalar que no procede otorgar la suspensión definitiva y amparar a los quejos (los 4 funcionarios), porque el hacerlo se impediría que el proceso o demanda continúa, esto es que el Fiscal que lleva el caso, debe judicializar el caso, o lo que es lo mismo como se decía antes, consignar ante un juez la averiguación previa, en este caso, la Carpeta de Investigación respectiva, para que el Juez de Control determine si los sujeta o no a proceso, dependiendo de las pruebas que en su momento aporte el fiscal anticorrupción.
