Morelia Michoacán, 24 de octubre del 2022.- Luego del retiro del dictamen que pondría de nuevo a discusión la despenalización del aborto, el Diputado Local por el Distrito 08 de Tarímbaro, Baltazar Gaona García, explicó que este no tiene razón de ser, ya que en la legislación actual, esta práctica no tiene consecuencias graves, ya que las penalizaciones son mínimas, de tal forma que existe confusión.
“Actualmente en el Código Penal la única sanción para quien aborta es únicamente trabajo comunitario, no hay una pena de cárcel, la mujer puede abortar al mes a los dos meses a los ocho meses un día antes de qué nazca el bebé y la sanción es únicamente trabajo comunitario, que ni se aplica, prácticamente es una sanción que no se cumple”.
El congresista señaló que la propuesta ni siquiera convencía a quienes están a favor del aborto, lo que deja de manifiesto que no conocen la situación legal del aborto, señaló que tal y como se encuentra en la actualidad la legislación es correcta.
“Creo que no es necesario moverle nada, creo que el tema del aborto en Michoacán está superado, ese es un asunto que considero que en la legislación está correcta, pero también entiendo que hay muchos grupos pro aborto que son financiados por organizaciones internacionales, patrocinadores nacionales y extranjeros que les entregan dinero, por lo que entonces estas organizaciones lo que buscan es estar contando con esos financiamientos, Aquí lo malo es que estos grupos pro aborto se dedican muchas veces a engañar a jóvenes y los enganchan para utilizarlos en manifestaciones violentas poniéndolos en riesgo de ser lastimados”.
Gaona García aseguró que él, aunque no está de acuerdo con el aborto, no busca criminalizar a la mujer por interrumpir el embarazo, ya que es una decisión personalísima, pero que conlleva responsabilidades, sea cual sea la determinación que se tome, porque en cualquiera de los casos se tendrán que asumir consecuencias de salud, psicológicas, morales, legales, económicas y otras más.
Por otro lado aseguró que el Estado, Instituciones, servidores públicos y toda la sociedad en general, estamos obligados a proteger la vida de todo ser humano.
