Ciudad de México, a 23 de mayo de 2024.- La Comisión de Movilidad, presidida por el diputado Omar Enrique Castañeda González (MC), aprobó tres dictámenes en materia de energías limpias en el transporte público y de carga, regulación de las escuelas para conducir y tarifas preferenciales.
Con la unanimidad de 17 votos, se avaló el dictamen a la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma la fracción VI del artículo 25 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para establecer que la Estrategia Nacional de Movilidad y Seguridad Vial deberá “observar la conformación de estrategias que promuevan el uso de energías limpias en el transporte público y de carga”.
En las consideraciones se señala que objetivo es contribuir de manera significativa a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y mejorar la calidad del aire en zonas urbanas y metropolitanas, lo que refleja el compromiso de las y los legisladores, así como del Estado mexicano con la protección del medio ambiente y el bienestar de las generaciones presentes y futuras.
Se reconoce la importancia de fomentar la innovación y el desarrollo tecnológico en el ámbito del transporte, especialmente en lo que concierne a la implementación de vehículos eléctricos, híbridos y de otras tecnologías limpias.
Estas medidas no solo ayudarán a reducir las emisiones contaminantes, sino impulsarán la creación de empleo y la competitividad económica en el sector automotriz y de transporte, se destaca.
Tarifas preferenciales en el transporte público
La instancia legislativa avaló con 16 votos a favor el dictamen que reforma el artículo 43 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, para estipular que las autoridades competentes deberán garantizar el establecimiento de tarifas preferenciales en el transporte público para estudiantes, personas adultas mayores, personas con discapacidad y sus cuidadores.
Argumenta que ello representa un beneficio directo para estos grupos de la población, ya que les permite acceder de manera más económica a los centros educativos, servicios básicos y actividades sociales. Al reducir el costo del transporte público, se alivia la carga económica de las y los cuidadores, promoviendo así la equidad, la inclusión y el bienestar social en la sociedad.
Menciona que es necesario regular y controlar la operación del transporte público, garantizar el derecho a la movilidad de las personas y promover la seguridad vial en el territorio nacional, por lo cual se plantea fortalecer el legal mediante la inclusión de disposiciones que permitan una mejor prestación de los servicios de transporte y una mayor protección de los derechos de las personas usuarias de la vía.
