* Quiere que la Suprema Corte de Justicia de la Nación lo salve de tener que pagar.
Redacción
Napoleón Gómez Urrutia, dirigente en México del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana, en abril de 2021 fue notificado de un laudo de la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje, que ordena pagar 55 millones de dólares que fueron desviados del sindicato minero y que correspondían a los trabajadores.
Fermín Espinosa, miembro de la comisión que reclama el pago de los recursos a los trabajadores que lo fueron de Compañía Minera Cananea, declaró que solo al 2022, Gómez Urrutia había obtenido cinco fallos adversos, pese a lo cual, sistemáticamente se ha negado a repartir los recursos a los cientos de beneficiarios.
Buscando no desembolsar, y aunque no es de incumbencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) al no tratarse de asunto de tipo constitucional, el dirigente minero, quien acumula años de acusaciones de enriquecimiento ilícito, recurrió a la instancia judicial, la cual, ha informado que el miércoles 9 de octubre decidirá.
En esa fecha, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, revisará el asunto que pondría punto final al caso que inició en 1999 y se formalizó 2005, y por el cual, trabajadores mineros reclaman que por fin les sean entregados los 55 millones de dólares, que les fueron extinguidos de manera irregular.
El fideicomiso que origina este conflicto, se formó en 2005, por la venta de Compañía Minera Cananea, instrumento que se desintegró, según consta en el expediente, por Napoleón Gómez Urrutia, quien después de haber realizado dos huelgas en contra de Grupo México, recibió 55 millones de dólares, a través del fideicomiso F/9645-2 de Scotiabank Inverlat.
Ante el reclamo de pago a los trabajadores de lo que les correspondía, y la explosión en la Mina Pasta de Conchos en la que el sindicato minero y estructuras del gobierno se acusaron de descuidar a los trabajadores, Gómez Urrutia se autoexilió en Vancouver, Canadá, y regresó a México con el cambio del gobierno federal, en el que ocupó un escaño como senador de la República en la bancada de Morena y desde el 1 de septiembre “brincó” a una curul como diputado federal.
En estos días, se revisarán los tres amparos que interpuso el líder sindical Napoleón Gómez Urrutia y que estaban pendientes hace mucho tiempo sobre el reclamo de los trabajadores al sindicato, pues tanto la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, como el Tribunal Colegiado determinaron que el dinero del fideicomiso pertenecía a los trabajadores y no al sindicato.
Ello significaría que el líder sindical de los Mineros deba cumplir con el pago de 55 millones de dólares que, según con autoridades laborales, desvió del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), hace más de 15 años tal y como lo emitió en su laudo la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje.
En ese documento que consta de 250 páginas resolvió: “se condena al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana y Licenciado Napoleón Gómez Urrutia, ambos como responsables solidarios, para hacer efectivo a favor de cada uno de los actores el derecho de beneficiarse de la distribución proporcional de la cantidad de 54 millones 84 mil 470.90 dólares, del extinto fideicomiso número 10964526, entregados antes al Sindicato Minero el 3 de marzo de 2005”.
Es bueno recordar que en el caso de telefonistas y pilotos fueron repartidos los recursos a los trabajadores, en los casos de la venta de las empresas del Estado, sin embargo, en la situación de los mineros siempre el líder argumentó que el dinero pertenecía a la organización sindical, no así a los agremiados.
El 24 de enero de 2005 fueron pagados 47.4 millones de dólares de Minera México y 7.6 millones de dólares de Americas Sales Company al fideicomiso F/9645-2 de Scotiabank Inverlat (ahora 10964526) mediante transferencia electrónica a una cuenta del Chase Manhattan Bank.
Para el 22 de febrero siguiente el Comité Técnico del Fideicomiso acordó extinguirlo; el dinero le fue depositado a dos cuentas del sindicato minero encabezado por Gómez Urrutia en Bancomer: una recibió 54 millones de dólares, la otra el prácticamente millón restante.
En mayo de 2005 aproximadamente mil 700 extrabajadores mineros presentaron ante la JFCA número 47 una demanda en contra del sindicato minero para que fueran embargadas las cuentas de ese organismo sindical, y evitar que se hiciera mal uso de los 55 millones de dólares por el pago de acciones.
En 2006, al no ser repartido el dinero entre sus legítimos y legales beneficiarios, los trabajadores acreedores de los recursos presentaron dos demandas (264/2005 y 267/2005) contra Gómez Urrutia ante la JFCA. Ese año el dirigente minero escapó del país.
Luego del último fallo, cuando la Junta resolvió nuevamente en favor de los trabajadores, como había sucedido con el Tribunal Colegiado, el líder sindical en desacuerdo, acudió a la Corte, pese a que, como se ha anotado, no es de su competencia por no tratarse de un tema constitucional.
Con todo y esto, el tema será tratado por la SCJN, donde el proyecto está a cargo del ministro Luis María Aguilar Morales y deberá pronunciarse sobre los actos de la Junta Especial Número Diez de la Federal de Conciliación y Arbitraje; para determinar si el recurso reúne los requisitos de procedencia.
