Trabajadores disidentes del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC) demandaron la intervención urgente de las autoridades laborales, del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para que, antes de que concluya el año, apliquen sanciones en contra del dirigente Alejandro Martínez Araiza para frenar sus violaciones a diversas leyes.
Indicaron que Martínez Araiza, secretario general del SNAC, va dejando una estela de cifras negativas en esa agrupación, que van desde el manejo irregular de cuotas por 500 millones de pesos, hasta daño patrimonial de 395.1 millones de pesos.
Sobre la administración del patrimonio sindical, formado mayormente por las cuotas de 17 mil trabajadores, de plano no quiere hablar, aunque ya se lo exigió de manera oficial Alfredo Domínguez Marrufo, director del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL). Alega que no quiere poner a sus delegados en el ojo de los cárteles, si se enteran cuánto dinero maneja su sindicato, lo cual es sólo un pretexto para no rendir cuentas.
El SNAC, agrupa a obreros de diversos sectores, fundamentalmente alimenticio y del comercio, aunque tiene presencia en los rubros hotelero y de telecomunicaciones, en todo el país, incluido el estado de Michoacán.
Pero la cosa no se queda ahí, Martínez Araiza no aclaró en donde está el dinero de la venta de la sede antigua del sindicato, en 11 millones de pesos, ni el faltante de 13.6 millones de pesos que entregó a la organización internacional, The Non Violence Project, de la cual supuestamente obtendría ganancias cercanas al 100 por ciento.
Tampoco ha dicho nada de pagos de 330 millones de pesos a proveedores, sin evidencia de entregables o materialidad; ni de la cancelación de 50 facturas por 30 millones de pesos y 10 facturas por 10.5 millones, sin que exista constancia del destino de esos fondos. Los conceptos de este párrafo y el anterior representan un daño patrimonial de 395.1 millones de pesos.
Martínez Araiza simplemente actúa de manera impune, sin que le importe el descontento de sus agremiados, quienes dan a conocer sus malos manejos. Por ello, se requiere la intervención del CFCRL para cancelarle el registro como secretario general del SNAC y también del SAT y de la UIF, con el fin de checar si paga impuestos adecuados sobre los ingresos que recibe y si estos son de procedencia lícita.
