La Casa de Las Mercedes, una Institución de Asistencia Privada y que lleva más de 30 años en brindar atención a niñas y adolescentes en situación de calle, pide que el gobierno que encabeza Clara Brugada regrese a las 90 menores que fueron violentadas y sacadas de manera arbitraria de las dos sedes.
“Se está rompiendo la estructura de familia y seguridad que tenían las menores en la Casa de Las Mercedes y se les está exponiendo a que regresen a la calle y sean presa de agresores”, plantean los directivos y miembros del patronato, integrado por más de 40 organizaciones privadas que financian a cada uno de los 93 pequeños. Con un gasto mensual de casi 8,000 pesos.
Tal vez en el gobierno de la Ciudad de México no saben que en Casa de las Mercedes se han atendido 6,830 niñas, adolescentes y madres jóvenes, dentro del programa de acompañamiento; asimismo, se dio atención a 1349, hijos e hijas de las beneficiarias; desde la apertura del cunero en 2015, 166 bebés han recibido atención y seguimiento especializado.
Y como uno de los logros importantes de este programa es el que se refiere a educación y desarrollo profesional, en el que 825 jóvenes han cursado preparatoria o bachillerato tecnológico; 390 jóvenes han continuado estudios de licenciatura en áreas, como psicología, administración, ingeniería industrial, pedagogía, ciencias políticas, enfermería Mercadotecnia y administración de empresas, entre otras.
El gobierno de la ciudad no sabe que se han logrado en los diferentes programas sociales en la Casa de las Mercedes 3787, casos de éxito: 1411, casos de reinserción familiar, acompañados de trabajos psicológico, social y jurídico; 1632, casos con programas de mentor, redes de apoyo y acompañamiento continuo bajo demanda.
La pregunta que todos en el cuerpo directivo y patronato se hacen es: ¿quién en el gobierno de la CDMX quiere quedarse con la Casa de las Mercedes, con sus bienes y sus recursos? ¿Por qué molesta tanto esta obra? Es una obra supervisada periódicamente por la Junta de Asistencia Privada desde hace 20 años, así como el DIF, la Secretaría de Bienestar Social y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
