Por Rafael Rivera Millán
En medio de la información o desinformación generada tanto por la empresa como por el sindicato minero en torno al Reparto de Utilidades 2025, en redes sociales ha circulado ya un comunicado a la base trabajadora, con carácter de urgente, en defensa de sus derechos, en donde se indica que los 47 obreros rescindidos no están solos, que la dignidad y los derechos laborales de la base no se venden ni se negocian bajo el agua.
El comunicado además se dirige a la opinión pública y a quienes mantienen firme la dignidad obrera, y hacen “una denuncia pública enérgica ante las acciones de traición que viene orquestando el comité local, el presidente del consejo Trejo y el delegado especial Armado.
Es inadmisible que estos representantes estén más preocupados y ocupados por quitarles el apoyo económico y la ayuda institucional a nuestros 47 compañeros injustamente rescindidos, en lugar de dar la cara y pelear por lo que legítimamente nos corresponde”, se señala en el documento cuya copia obra en nuestro poder.
Y agrega con letras mayúsculas que “LA VERDAD SOBRE LAS UTILIDADES Y LAS MENTIRAS DE LA EMPRESA:
Mientras la representación sindical agacha la cabeza, guarda un silencio cómplice sobre el reparto de utilidades (PTU). La empresa, de manera mañosa, pretende esconder los recursos y negar los 90 días de derecho constitucional que por ley les corresponden a los trabajadores.
Asimismo, desmentimos categóricamente la campaña de desinformación armada en las oficinas corporativas: es una absoluta mentira que la empresa ya haya entregado los cheques en la junta de Conciliación a los 47 compañeros. No caigamos en sus trampas. Lo que sí es una realidad es que la empresa ya cubrió esas vacantes de forma arbitraria; nos preguntamos con profunda indignación: ¿acaso ya vendieron esas 47 plazas a nuestras espaldas?”
En otra parte del documento dicen “Sabemos perfectamente a qué nos enfrentamos. Tras agotar las instancias nacionales, el proceso legal se llevará con toda la fuerza ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). No nos detendrán, a pesar de que es evidente cómo las autoridades mexicanas y algunos magistrados han sido comprados por la empresa ArcelorMittal para emitir fallos a su favor de manera corrupta y parcial.
La base trabajadora siempre fue la única que arropó y apoyó a los afectados frente a la discriminación constante. Nunca se contó con el respaldo de la dirección nacional; al contrario, fuimos blanco de ataques y bloqueos sistemáticos por parte de la empresa y de ex funcionarios como Nava, Marcelino, Lucas y Rodrigo Farías, sumados a la complicidad en el ámbito nacional del Sr. Monsiváis, Arturo Rocha y Armando Cisneros.
A pesar de la corrupción, aún quedan jueces honestos que se han puesto del lado correcto de la historia: del lado de los trabajadores. La verdad saldrá a la luz”, puntualizan.
