Se acabó la protección que daba Alfredo Domínguez M. a Alejandro Martínez Araiza, ambos enfrentarán a la ley

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En sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del CFCRL, Marath Bolaños, secretario del Trabajo (a la izquierda), removió de la dirección general del CFCRL a Alfredo Domínguez Marrufo (a la derecha).

Redacción

Con la remoción de Alfredo Domínguez Marrufo, como director general del Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL), se acabó la protección y el padrinazgo que este mal funcionario otorgaba a Alejandro Martínez Araiza, secretario general espurio del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), y los dos deberán enfrentar a la ley para ser sancionados, afirmaron trabajadores de esa organización obrera.

De acuerdo con un comunicado, en sesión extraordinaria de la Junta de Gobierno del CFCRL, el presidente de la misma y secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, removió del cargo a Domínguez Marrufo para designar a Héctor Arcos Balderas, como director interino, en tanto, la presidenta Claudia Sheinbaum, envía al Senado una terna de aspirantes de la cual deberá ser designado el nuevo director titular de ese Centro.

Domínguez Marrufo asumió la dirección del CFCRL, adscrito a la Secretaria del Trabajo, en julio de 2020, con posibilidad de repetir en el cargo por seis años más, pero fue removido por las autoridades.

Martínez Araiza violó el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, al no informar a Domínguez Marrufo el estado del patrimonio sindical que, tan sólo en cuotas asciende a 500 millones de pesos, a pesar de que se le solicitó en un escrito enviado por el CFCRL, desde el 19 de mayo de 2025, consideraron miembros del SNAC.

De acuerdo con la ley, Martínez Araiza puede recibir del CFCRL la anulación de actos y reposición de asambleas, ya que él se auto reeligió en una asamblea ilegal en abril de 2025, mientras que, por la vía penal, puede ser objeto de sanciones por administración fraudulenta del sindicato.

En tanto, Domínguez Marrufo sería acreedor a sanciones diversas, incluida la inhabilitación para ocupar otro puesto en el gobierno, al violar la Ley General de Responsabilidades Administrativas, por no cumplir sus funciones de supervisión y registro adecuado de los sindicatos, en este caso el SNAC.