Densificación de Morelia
Por Dr. Salvador García Espinosa
El viernes 1 de septiembre de 2023 se publicó en el Periódico Oficial del Estado de Michoacán, el actual Programa Municipal de Desarrollo Urbano (PMDU) de Morelia 2022-2041, que entre sus objetivos destaca la definición de “estrategias y lineamientos para el desarrollo de una ciudad compacta, sustentable y eficiente en la que se reconocen, protegen y amplían los beneficios que necesitan las zonas urbanas”.
El Programa espera de manera especial que el modelo de ordenamiento se oriente hacia principios de consolidación, no disperso, con densificación selectiva y equilibrio en la distribución de usos y servicios, con estrategias de regulación. Sin embargo, lo que se ha visto hasta la fecha, dos años después de entrar en vigor, es un cambio en el perfil urbano de la ciudad, debido a la construcción de una diversidad de edificios de cuatro, cinco, seis o más niveles. Sin embargo, este proceso, si bien incrementa la densidad habitacional, dista mucho de constituir una política de “ciudad compacta” entre diversos motivos, de entre los cuales destacan los siguientes:
El criterio que determina la ubicación en donde se sustituye una vivienda o se ocupa un baldío, por un edificio de varios niveles de departamentos, es la lógica de la especulación inmobiliaria, donde los propietarios ven la posibilidad de multiplicar su inversión en función del número de niveles que se les autorice construir.
De acuerdo con el PMDU, el número de niveles a construir está en función de la superficie del predio y el ancho de la vialidad que da acceso al predio. Aspectos que a todas luces resultan insuficientes, sobre todo este último, dado que el ancho de la vialidad no necesariamente determina la capacidad de la infraestructura instalada como el caso de agua potable y drenaje.
Se contempla el pago de derechos para obtener niveles adicionales a los permitidos, pero dicho pago no compensa, en ninguno de los casos, las obras que se requieren realizar a mediano plazo, dado que la capacidad instalada, al aumentar la densidad, se vuelve insuficiente, el H. Ayuntamiento debe invertir en cambiar infraestructura. Una lógica en la que sólo el promotor gana y la ciudad pierde.
Si bien el PMDU señala que de entre sus acciones está el “dotar el equipamiento urbano de acuerdo con los requerimientos poblacionales y la estrategia de densificación; recuperar y mejorar el existente; no se conoce de ninguna acción tendiente a incrementar el equipamiento y sus niveles de servicios en zonas, donde claramente se ha aumentado la densidad habitacional a través de un crecimiento vertical.
En reiteradas ocasiones el PMDU señala que la densidad se dará en función de la “capacidad de carga”, pero en ningún apartado se especifica cómo se evaluará, además de que el Reglamento de Instrumentación del Programa Municipal de Desarrollo Urbano de Morelia, publicado el 27 de Octubre de, 2023 sólo señala en su Artículo 32 que los usos secundarios genéricos y específicos que estén condicionados en la tabla, se sujetarán a la realización de los estudios de impacto urbano y vial, de impacto ambiental y, por último, de riesgo y mitigación.
Por último, un aspecto que permite señalar con toda contundencia que la política tendiente a una ciudad compacta, densificada o más sustentable, propuesta por el PMDU, es el hecho de que no se ha contenido la dispersión urbana, y se siguen aprobando desarrollos habitacionales cada vez más alejados del área urbana actual. Siendo que el propio Programa advertía en 2023 que los predios baldíos dentro del área urbana representaban un total de 2,915 Hectáreas.
En estas condiciones, no basta con construir edificios más altos para afirmar que Morelia avanza hacia una ciudad compacta y sustentable. La densificación sólo será una política urbana cuando responda a la capacidad real de la infraestructura, garantice servicios y equipamiento, aproveche los predios baldíos y frene la expansión periférica. De lo contrario, el PMDU corre el riesgo de legitimar un crecimiento vertical rentable para unos cuantos, mientras sus costos son trasladados al Ayuntamiento y, finalmente, al conjunto de la ciudadanía.
