Por Rafael Rivera Millán
De acuerdo al escrito presentado ayer a los 40 diputados del Congreso local por el ex Contralor Municipal, Alejandro Sánchez García, la alcaldesa Itzé Camacho Zapiain y los regidores de Morena que integraron una “comisión” para presentar denuncia de juicio político en contra del síndico Miguel Ángel Peraldí Sotelo, utilizaron documentos falsos, y que al descubrir él que no tenían ningún sustento legal, la alcaldesa se molestó y por eso ordenó su destitución ilegal el pasado 5 de junio.
Esto es parte de lo que el ex funcionario municipal señala en su escrito presentado ayer ante el Congreso del estado:
“En la investigación documental (para la denuncia contra el síndico), se ocultó la siguiente información a la investigación de la Contraloría, que hoy permite advertir que no opera Usurpación de Atribuciones, ni invasión de competencias a ninguna área del Ayuntamiento que le tildan a la Sindicatura; y por ende la ocultaron a este Congreso por órdenes de la Presidenta y Regidores Morenistas, sin esa documentación la Denuncia contiene información sesgada y a modo pretensión ilegal de la “Comisión”; la documentación permitirá operar al principio jurídico de la sucumbencia de la acción intentada de Denuncia Política; los documentos son:
Acuerdo que autoriza realizar a la Sindicatura inspección a los establecimientos comerciales de la Municipalidad. (Obra en la Presidencia y en la Sindicatura).
Por tanto no existe la invasión señalada a la esfera de la Jefatura de Reglamentos Municipales dado este Acuerdo previo que oculta la “Comisión” y la Presidencia.
Oficio en que la Sindicatura, Representante Legal del Ayuntamiento pide a Presidencia y ella autorizada, el manejo de las Claves SUA e IDSE, y generar clave NPIE., del IMSS. (Obra en la Presidencia; Oficialía Mayor; y la Sindicatura).
Por tanto, en cuanto al supuesto apoderamiento del manejo del SUA (Sistema Único de Autodeterminación) del Instituto Mexicano del Seguro Social, y clave IDSE, o IMSS Desde Su Empresa, para realizar pagos el Ayuntamiento de cuotas de trabajadores al IMSS, fue consentido por la Presidenta y lo sabía la “Comisión”; por consecuencia natural era cambiar por Sindicatura la contraseña de Número Patronal de Identificación Electrónica, o NPIE; con la que se informa al IMSS, altas y bajas de trabajadores. Además cuando en mi entonces función de Contralor me pide la Presidenta el Dictamen de manejo de esas Claves, nunca me informó de la existencia de su autorización a Sindicatura, pues de habérseme informado el Dictamen hubiera concluido que ante la autorización era correcto el manejo de las claves por Sindicatura.
Destaca que cuando entrega el IMSS, Subdelegación Lázaro Cárdenas, a la Oficialía Mayor el manejo de las claves, con cambio de NPIE; las recibe por órdenes de la Presidencia sin Acuerdo de Cabildo que autorizara a la Presidenta a otorgar Poder de Representación Legal del Ayuntamiento a la Oficialía Mayor ante el IMSS, para manejar las claves de ello que su manejo por la Oficialía Mayor resulte opuesto a derecho con conocimiento de causa.
Oficio en la Secretaría de Obras Públicas; en que Sindicatura solicita status de obras y no se le informa. (Obra en la Presidencia; Oficialía Mayor; y Sindicatura).
Como la obra sólo puede verificarse en lugar físico, es provocado por no otorgar la información a la Sindicatura, de este oficio y tampoco informar Obras Públicas Municipal a la Contraloría por ello se acudía al lugar físico a ver si existía la obra y sus avances.
Sobre Juicios Laborales el Jefe del Departamento Jurídico, refirió en oficios posteriores la presentación de la Denuncia Política que:
Los contratados con Poder otorgado por la Presidenta para ese fin, no estaban realizando su trabajo, en concreto las propuestas de abogados hechas por la Regidora una de Zulma Nayeli Tovar Gil; y, el otro de Roxana Alonso Flores; informes que el citado Jefe del Jurídico envió a la Contraloría y obran en esa Contraloría, y en el Departamento Jurídico.
La información documental de los números 1 a 4, no fue proporcionada a la Contraloría para integrar el expediten de Denuncia Política, por ello después de presentada la Denuncia al Congreso, acompañados los Regidores Felimon Acosta Aguirre, Zulma Nayeli Tovar Gil y Minerva Vázquez Salas, del Jefe de Auditorias de la Contraloría y haber el suscito entonces Contralor encontrado la existencia de los citados documentos, se genera inconformidad por este y otros actos de corrupción que la Contraloría encontró en ese Ayuntamiento sobre la Presidenta y regidores y ello culmina con los resultados de la Sesión de 5 de junio de 2019 en mi contra.
La integración documental que hizo la Contraloría así como las proposiciones a la Denuncia, fueron a solicitud de la “Comisión” quien lo solicita bajo argucia falsa de ser en defensa de los intereses del Municipio, así fue trabajo que institucionalmente realiza sin cobrar un centavo ajeno al sueldo, los trabajadores de Contraloría y sorprende que la Presidenta con presencia de los regidores nombrados incluido el Regidor Morenista Margarito Ortiz Vargas, en la ciudad de Morelia, contratan un despacho para pagarle MEDIO MILLÓN DE PESOS bajo pretexto de haber realizado ese Despacho el trabajo que hizo la Contraloría y para según el Contrato darle seguimiento a la Denuncia; el pago es del Erario Municipal; acto corrupto por fraude”, puntualiza el ex funcionario municipal.
