* Ex Contralor Municipal informa al Congreso sobre irregularidades que se usaron para presentar denuncia de juicio político contra el síndico Miguel Ángel Peraldi Sotelo, entre ellos el pago de medio millón de pesos a un despacho externo.
Por Rafael Rivera Millán
Ayer martes ante los 40 diputados que conforman la 74 Legislatura de Michoacán, el ex Contralor Municipal Alejandro Sánchez García, presentó un escrito con copia además para el Congreso de La Unión, y del que obra copia en nuestro poder, donde el ex funcionario municipal se deslinda de una serie de documentos que la alcaldesa Itzé Camacho Zapiain y 4 regidores de Morena utilizaron como soporte para demandar ante el Congreso del estado, juicio político y la destitución del Síndico Municipal Miguel Ángel Peraldí Sotelo.
Sobre todo descubrió que aprovechándose del trabajo que realizó personal de la Contraloría cuando él era su titular, se contrató a un despacho de abogados externos, en Morelia, al que le pagaron medio millón de pesos del erario municipal, para presentar dicha denuncia y darle seguimiento, justificando ese pago como si el abogado que recibió ese pago hubiera hecho ese trabajo y no el personal de Contraloría.
Por cierto, tal denuncia, de acuerdo a la orden del día de la sesión plenaria del Congreso del estado prevista para este miércoles 26 de junio, en uno de sus puntos está la lectura y el sometimiento a votación del acuerdo a que llegó la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, entre otras, para declarar improcedente dicho juicio en contra del síndico Peraldí.
Derivado del informe que Sánchez García presentó ayer martes a los 40 diputados locales del Congreso del estado, se desprende que: “María itzé Camacho Zapiain, presidente del municipio morenista de Lázaro Cárdenas, creó la “comisión” en sesión extraordinaria de 5 de febrero de 2019, con su modus operandi, de no estar señalada en los puntos del orden del día y sin importarle el estado de Derecho la auto instruye a esa “comisión” a la que se adhieren 4 regidores morenistas, (Felimón Acosta Aguirre, Minerva Vázquez Salas, Zulma Nalleli Tovar Gil y Rosana Alonso Flores), para presentar denuncia de juicio político al síndico, para que no hiciera más observaciones a las cuentas públicas de los manejos inadecuados de recursos públicos por la presidenta”, dice el referido escrito.
Asimismo agrega que: “Derivado de ello, la “comisión” solicita intervención de Contraloría Municipal entonces a mi cargo, para realizar investigación y recabar documentos para la denuncia política; el entonces jefe de investigaciones de presuntas responsabilidades administrativas de la Contraloría los recaba de Tesorería, Oficialía Mayor, Presidencia y Jefatura Jurídica, pero los proporcionan a su modo y el Secretario del Ayuntamiento (Horacio Ramírez)( los certifica ilícitamente para darles valor legal, pues nunca tuvo a la vista originales.
A al jefe de Auditorías de la Contraloría le ordena la presidenta, presentar al Congreso la demanda de juicio político, lo que así hizo en el edificio de “La Casona” y el esposo de la regidora Zulma Nalleli Tovar Gil, un licenciado de nombre Alejandro genera además de la denuncia, el escrito de ratificación de denuncia por los miembros de la “comisión”; la denuncia la revisó por órdenes de la presidenta, la oficial mayor Leticia Alejandre Palma”. A esta comisión se unió también después el regidor morenista Margarito Ortiz Vargas.
Dado lo anterior, Sánchez García acudió ayer ante el Congreso del estado a presentar un amplio escrito para deslindarse del mal uso de las “pruebas” que la alcaldesa y la comisión de regidores morenista usaron para solicitar el juicio político y la destitución del síndico municipal, pues todo dice es apócrifo.
Señala que esa información no fue proporcionada en tiempo y forma a la Contraloría y su ocultamiento llevó a la denuncia política en contra de Peraldí Sotelo, por lo que acude ante la 74 Legislatura a deslindarse del pago de MEDIO MILLON DE PESOS autorizado por la presidencia y regidores, usando de pretexto para tal cobro el trabajo institucional de la Contraloría Municipal, y que con los documentos obviamente ocultados, si se dan a conocer antes, se hubiera impedido legalmente hacer trabajar en balde al Congreso con dicha denuncia política viciada de origen, con la que pretende la presidencia desviar al despacho externo un pago del erario público municipal.
Al encontrar todas estas anomalías y hacérselas saber a la alcaldesa Itzé Camacho, dice el Contralor, fue lo que le molestó y se ordenó su destitución en la sesión plagada de irregularidades el pasado 5 de junio.
Así, reitera que bajo el pretexto de haber realizado el trabajo ejecutado por personal de la Contraloría Municipal, la alcaldesa Itzé Camacho ordena pagar del erario municipal, el medio millón de pesos al despacho del abogado Jorge Alvarez B., ubicado en dos direcciones, una en la colonia Ocolucen y Chapultec de Morelia, porque lo que esto dice el ex Contralor es un acto más de corrupción que se realiza al interior del ayuntamiento porteño, que va en contra del pueblo de Lázaro Cárdenas por el ejercicio abusivo del poder y contrario a los ideales Lopezobradoristas de la Cuarta Transformación por parte de Itzé Camacho y los regidores morenistas citados, de quienes dijo, se ha pedido su expulsión de las finas de ese partido que los llevó al poder.
