Por Carlos Alcaraz López
Abogado Fiscalista
Nadie niega que la corrupción es uno de los grandes males que afectan a toda sociedad democrática al rededor del mundo. México no se encuentra exento de dicho problema, pues el tiempo se ha encargado de evidenciar conductas de funcionarios públicos, que envestidos de la confianza que les es depositada, aprovechan para manejar recursos públicos en su propio beneficio o en intereses de otros particulares, dañando las finanzas del pueblo así como los principios de justicia y derechos humanos, pilares del orden social.
Debido a esto, nuestro país desde hace un par de años ha implementado estrategias legales y políticas públicas para comenzar con su erradicación, concretamente mediante la implementación del llamado Sistema Nacional Anticorrupción, así como sus equivalentes a nivel estatal. Incluso, a nivel municipal.
Los sistemas anticorrupción como instancia descentralizada, coordina a las autoridades gubernamentales a nivel federal, estatal y municipal para perseguir y castigar, actos de corrupción realizados por servidores públicos y por particulares relacionados con obras públicas, puestos y movilidad y declaraciones fiscales y patrimoniales. Este objetivo se logra precisamente a través de la coordinación de diversas entidades de la administración pública, como la Fiscalía Especializadas en el combate a la corrupción, las Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, los Comités de participación ciudadana, las Contralorías, entre otras, teniendo sus homologas a nivel estatal, trabajando en el rango de su respectiva competencia para aplicar la ley
En este sentido y considerando que en el marco del día 9 de diciembre se ha declarado como el día internacional de la lucha contra la corrupción, es necesario comprender el importante papel que juega la sociedad civil, mediante el Comité de Participación Ciudadana. Esté Comité, reconocido legal y políticamente en los sistemas anticorrupción, tiene el poder para evidenciar y denunciar los hechos de corrupción en que participen servidores públicos y particulares, sin necesariamente ser el afectado directo legalmente. Una labor que es muy importante sobre todo por tener la facultad y el reconocido jurídico de denunciar los actos que comenten los funcionarios públicos, con el fin de cuidar y procurar la debida aplicación de los recurso públicos y sobre todo garantizar la honestidad en el actuar de nuestros gobernantes frente nosotros, los ciudadanos.
El sistema Nacional Anticorrupción, así como los sistemas estatales, surgen de la necesidad de regular, vigilar, prevenir y dar una mayor transparencia en el ejercicio de la función pública, la contratación de servicios por parte de las autoridades administrativas y combatir el grado de responsabilidad de los servidores públicos y de particulares en actos de corrupción.
Sin embargo, en la actualidad algunos de los sistemas estatales anticorrupción se enfrentan a dificultades a superar y acabar con este mal, tales como la necesidad de establecer un conglomerado de datos abiertos, información respecto a la movilidad de servidores públicos o incluso el pago de honorarios a los mismos. Aspectos técnicos que pueden ayudar a perseguir actos de corrupción.
Pero el principal reto sin duda alguna será establecer la aprobación, implementación y evaluación para que las instituciones que conforman los Comités de Participación Ciudadana puedan implementar las acciones proyectadas y la evaluación de las políticas publicas modernas y renovadas para combatir la corrupción. Por lo que será necesario replantear objetivos y prioridades.
Para finalizar, quizá otro de los mayores retos para la participación ciudadana será el año que viene en pleno proceso electoral, donde la sociedad civil sea escuchada y exija candidatos con verdadera probidad, que den resultados reales. Con propuestas nuevas, con la capacidad de administrar sus recursos de forma correcta y con la formación intelectual, técnica y ética para realizar reformas legales que valgan la pena y que se necesitan.
