* Hasta el momento la APILAC ha guardado total hermetismo sobre el destino de la obra, y el aeropuerto puede ser cerrado por no renovarse su permiso.
Por Rafael Rivera Millán
Al paso que vamos, el municipio de Lázaro Cárdenas está a punto de quedarse sin la obra del Distribuidor Vial, y se tiene el riesgo también de que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, cancele el permiso de operación del pequeño aeropuerto local, porque para su renovación se requiere de conformar una sociedad mercantil entre el gobierno del estado, el actual operador y la iniciativa privada, que a la fecha no se ha concretado, es más ni siquiera planteada su conformación.
En el primero de los casos, se ha reiterado que en este mes de julio, si no había una solución ya fuera por la vía judicial o conciliatoria entre las partes en conflicto y la Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas (APILAC), el recurso presupuestado para la obra, que es de alrededor de 500 millones de pesos de dinero del organismo portuario, la Secretaría de Hacienda ya no puede incluirlos en el nuevo presupuesto federal del 2022, y entonces cancelar ese presupuesto.
De nada han valido las diversas declaraciones y manifestaciones de los sectores empresariales y de la sociedad porteña, pues tal parece sus llamados a que pronto se destrabe el conflicto legal en que está metida esta obra, no se ha logrado avanzar nada, y tal parece que son como las llamadas a misa.
Y aunque en declaraciones a este medio, realizadas el pasado mes de junio por el Almirante Jorge Luis Cruz Ballado, Director General de APILAC, en el sentido de que la obra es un proyecto firme , si Hacienda retira ese presupuesto por los problemas que ha habido para ejercerse, la obra de todos modos se hará, una vez que se destrabe el conflicto, pero hay que gestionar el presupuesto nuevamente, pero quizás eso pudiera ocurrir en el transcurso del 2022, para que se asignen al presupuesto de 2023, si bien nos va.
Tal parece que la “pelota” como luego se dice, está en la cancha del Órgano Interno de Control de la Función Pública y de la APILAC. Pues hasta donde hemos podido saber, Raymundo López Olvera, dueño de la empresa Loros que ha impugnado dos veces ambas licitaciones de la referida obra, sólo está a la espera de que en el OIC le reciban el desistimiento respectivo, para destrabar el conflicto, pero hasta el momento ni esa dependencia ni la APILAC misma han querido informar sobre la realidad de esta versión y el tiempo sigue caminando.
Por lo que hace al aeropuerto de carácter estatal, hasta donde se sabe, está a punto de vencerse el permiso que otorga la SCT para su operación, dependencia que ha solicitado, hasta donde hemos podido saber por fuentes confiables, ha solicitado que se conforme una sociedad mercantil entre el gobierno del estado y la iniciativa privada, para otorgar nuevamente el permiso para que siga operándolo, pero ahora ya no solo la administración sino en conjunto con la iniciativa privada.
Pero, ahí está el pero, de acuerdo al estudio que se ha hecho, en los últimos años, la operación del aeropuerto local ha sido en números rojos, y entonces se antoja difícil que la iniciativa privada, a la que sabemos, no se ha planteado todavía su invitación a participar en dicha sociedad mercantil que requiere la SCT, pues tal vez no le sea atractivo el negocio.
Es más, ni a la misma aerolínea Aeromar, que es la única que vuela de la ciudad de México a Lázaro Cárdenas, y viceversa, por cierto con tarifas muy elevadas a las que aplica en el aeropuerto internacional de Zihuatanejo, por lo que la comunicación aérea del puerto michoacano está en riesgo y si a esto se le suma los constantes problemas que hay en la carretera libre a Uruapan o la autopista, la incomunicación terrestre es un calvario todos los días no solo para automovilistas sino para el transporte de camiones de pasaje y de mercancías y productos.
Y para acabarla de amolar, la mañana de ayer, hombres armados secuestraron camiones de empresas repartidoras de diversos productos, las que atravesaron sobre la carretera y les prendieron fuego, en el tramo Lombardía – Uruapan – Nueva Italia por la libre a la altura de la comunidad de El Atuto.
La carretera permanece bloqueada, lugar a donde llegó la policía municipal, esperando al personal de bomberos para apagar las unidades en llanas y poder retirarlas del lugar.
Por la tarde de ayer mismo día, un elemento de la Guardia Nacional, división Caminos con destacamento en este puerto, antes Policía Federal de Caminos, vía telefónica informo a este diario que ya había paso libre por ese sitio, luego de que se procediera a retirar todos los vehículos incendiados que obstruían el paso vehicular. Sin embargo otra versión de alguien que estaba varado en ese sitio, y de otros que se tuvieron que regresar a Uruapan, porque no pudieron pasar, nos dijeron que todavía no había paso.
Y por la autopista en el tramo 4 Caminos-Santa Casilda no hay fecha tentativa para su reapertura, pues los trabajos de reparación continúan.
