Por Rafael Rivera Millán
Abogados litigantes de este puerto, externaron su molestia e inconformidad por la huelga “de puertas abiertas” que actualmente llevan a cabo empleados sindicalizados del Poder Judicial de Michoacán y que en el caso particular de Lázaro Cárdenas son 25.
A una semana de haber iniciado el conflicto laboral (primero de marzo), abogados y abogadas de este puerto que diariamente acuden al edificio que concentra a juzgados civiles y penal de este Distrito Judicial, señalaron a este diario que malestar, porque si bien es cierto que los trabajadores de confianza, no sindicalizados o de contrato, ellos no están en huelga, son menos que los que están en el momento y que aunque la huelga se determinó que fuera de “puertas abiertas”, prácticamente la actividad en los juzgados está paralizada, porque hace falta personal para recibir escritos, redactar acuerdos o sentencias y sus respectivas notificaciones.
Indicaron que no se están entregando oficios, ni de alimentos que son emergentes, les dicen que ya que se encuentren trabajando los sindicalizados.
No entregan copias certificadas argumentando que el personal no se encuentra completo. Reciben promociones, pero no las están acordando en tiempo.
No se están haciendo tampoco, los emplazamientos de las demandas que ya están acordadas ni notificación alguna. Asimismo, no se están llevando a cabo todas las audiencias orales que ya se tenían señaladas, por falta de personal, y esto indudable retrasa la impartición de justicia, puntualizaron los abogados consultados por este diario, quienes pidieron el anonimato, para no generar algún tipo de protagonismo mal entendido también.
En los juzgados están laborando el juez y dos o tres personas de contrato solamente, sin la experiencia que se requiere, lo que hace que no se atienda a las personas que vienen a solicitar los servicios, y que los litigantes al solicitar los expedientes para checarlos y seguir con el trámite correspondiente no lo pueden hacer.
Demandan que ya haya una pronta solución a este conflicto, pues de retardarse la misma, por desavenencias de patrón y sindicato, el perjudicado a final de cuenta será la ciudadanía que requiere de ser atendida.
