Movilidad social, derecho al trabajo y necesidad real en México
Por Lic. Julio César Zamudio
Director Corporativo Mercadotecnia de México
En muchas regiones de México, particularmente en colonias populares, comunidades rurales, zonas indígenas y asentamientos alejados de los centros urbanos, el servicio de transporte público tradicional simplemente no logra cubrir las necesidades de movilidad de miles de familias, ante esta realidad, los mototaxis han surgido como una alternativa de transporte accesible, rápida, cercana a la ciudadanía, actualmente, los mototaxis representan no solamente una fuente de ingreso para miles de personas, sino también una herramienta de movilidad social que acerca a estudiantes, trabajadores, adultos mayores y amas de casa a sus destinos diarios, aunque existen debates legales y técnicos respecto a su regulación, también resulta indispensable reconocer que en muchos lugares del país los mototaxis son el único medio de transporte que llega hasta la puerta de la casa, de hecho, la propia Camara de Diputados del H. Congreso de la Unión, mediante la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, reconoce la importancia del derecho humano a la movilidad, dicha legislación establece que toda persona tiene derecho a trasladarse en condiciones de seguridad, accesibilidad, eficiencia, calidad, inclusión e igualdad, de hecho, el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce el derecho humano a la movilidad, señalando que toda persona tiene derecho a trasladarse en condiciones de seguridad vial, accesibilidad, eficiencia, sostenibilidad, y cuando una autoridad te restringe como mototaxista a prestar un servicio entonces los pasos son los siguientes, entregar un oficio al gobernador o gobernadora solicitando que a través de quien regula el transporte público otorgue provisionalmente permiso para poder operar bajo ciertos horarios, no es salirse del marco legal, sino simplemente si de parte de gobierno del Estado te dice que no puedes prestar servicio como mototaxi entonces se procede con un amparo bien sustentado, fundamentado y respaldado con estudios técnicos, de hecho, la misma Ley General de Movilidad y cada Ley de cada Estado indica que para una petición de transporte se debe hacer un estudio técnico, sin ello, nada se da, es por ello que bajo esa perspectiva de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial resulta evidente que el Estado mexicano tiene la obligación de buscar mecanismos que permitan garantizar el acceso al transporte, particularmente en zonas donde el transporte convencional no entra o simplemente abandona la ruta por supuesta baja rentabilidad o malas condiciones climáticas, en temporada de lluvias, por ejemplo, muchas rutas de transporte público dejan de operar en calles inundadas, caminos rurales o colonias con accesos complicados, sin embargo, los mototaxis continúan prestando servicio debido a su tamaño compacto, facilidad de maniobra y cercanía con las comunidades, para miles de personas esto representa la diferencia entre poder llegar al trabajo, la escuela, hospital, mercado o simplemente perder un día laboral, o simplemente quedarse incomunicados.
Debe entenderse que detrás de cada mototaxi existe una familia que dependen económicamente de esa actividad, al parecer los titulares de transporte público y movilidad solo benefician a quienes hasta la fecha practican el monopolio transportista, están del lado de quienes pagan concesiones, rutas y eliminan a las empresas medianas y pequeñas, el artículo 5º de la Carta Magna establece que a ninguna persona se le puede impedir de dedicarse a la profesión, industria o trabajo siempre y cuando sea lícito, de igual manera la Secretaría del trabajo y Previsión Social a través de la Ley Federal del trabajo protege el derecho al trabajo digno y socialmente útil, por ello, más allá de perseguir o criminalizar a quienes trabajan en mototaxis, lo verdaderamente importante debe ser construir esquemas de regulación responsable, capacitación y supervisión, el problema no se resuelve quitando unidades de circulación sin ofrecer alternativas laborales o de movilidad a la población, al contrario, ello podría generar desempleo, inconformidad social y afectaciones directas a comunidades enteras, y es que, todo lo dicho lo pueden hacer las mismas autoridades y regular el transporte, pero, cuando una autoridad encubre intereses de otros, jamás lo va hacer, porque las mismas autoridades se prestan y se ponen al servicio de los transportistas que monopolizan el servicio, es por ello la urgencia y la importancia de crear una Nueva Secretaría General de Movilidad y Seguridad Vial para regular el servicio en todo el país, ya que de no ser así, los titulares de transporte público de cada Estado siguen practicando viejos vicios de corrupción en donde están a las órdenes de quienes hasta la fecha practican el monopolio porque desconocen los alcances legales, inclusive, de demostrarse ello, un funcionario que regula el transporte público junto con su equipo administrativo y operativo podrían ser sancionados con varios millones de pesos y ser inhabilitados del cargo hasta por más de 20 años, pero, cuando son protegidos de los Gobernadores es poco lo que se puede hacer contra estos funcionarios corruptos, solo queda el último recurso y ese si es efectivo, EL AMPARO.
