Por Francisco Rivera Cruz
Mediante una circular, se instruye a quienes forman la estructura educativa que se detecte y atienda con toda oportunidad los posibles casos de violencia sexual o de cualquier índole entre los alumnos.
“Nuestra responsabilidad como educadores, es cuidar la integridad de los niños y jóvenes que están a nuestro resguardo. Realizar, permitir o ser omisos en la prevención de actos que puedan vulnerar su bienestar y desarrollo integral, especialmente tratándose de abuso de cualquier tipo, es una grave falta a nuestro deber”.
En el documento replicado por la Unidad de Servicios Regionales en Lázaro Cárdenas de la SEE, que dirige Ivon Elizabeth Carrillo, se envía a subsecretarios, coordinadores, directores, rectores y el personal docente de escuelas públicas y privadas, estableciendo “No seremos permisivos en ninguna circunstancia”, en referencia a este tipo de faltas y delitos.
Las medidas con las que se procederá, son suspensión en el servicio de quien esté sujeto a proceso por delitos cometidos contra menores bajo su resguardo.
Causará baja en cuanto reciba sentencia condenatoria definitiva, cuyas penas, de acuerdo a nuestro Código Penal, alcanza hasta los 30 años de prisión.
Realizará la investigación correspondiente, y en su caso, dará parte a la Secretaría de Contraloría, para sancionar a quienes, no habiendo participado activamente en la comisión del delito, pudieron ser omisos en la prevención del mismo o en la asistencia a la víctima, lo cual podrá derivar en sanciones que incluyen la baja en el servicio o enfrentar procesos penales.
Ningún tipo de violencia en el entorno escolar puede ser tolerado, se indica a directores y subdirectores de los niveles educativos, jefes de sector, supervisores, jefes de enseñanza y toda la red de integrantes del sistema de enseñanza en escuelas públicas y privadas.
Se les invita a que ante la posible comisión de delitos y lo que pudiera implicar violencia en cualquiera de sus modalidades, presten atención a la víctima de forma inmediata y presenten la denuncia correspondiente ante la Fiscalía General del Estado para lo cual se puede solicitar el apoyo a la Secretaría de Educación.
Además informen de inmediato al nivel educativo correspondiente y procedan conforme a los protocolos correspondientes, según el delito de que se trate.
En el documente en mención, girado por la titular de la Secretaría de Educación en el Estado, Dra. Yarabí Ávila González, se exhorta a la construcción de ambientes seguros, inclusivos y libres de violencia.
Se señala que desde la Dirección Estatal de Formación Continua, Actualización y Desarrollo Profesional de Maestros, ofrecería al capacitación gratuita sobre protocolos para la prevén, detección y actualiza de casos de abuso infantil, para anticiparse a los casos de abuso sexual.
Habrá que ver hasta dónde llega el intento, porque en el pasado reciente se denunciaron abusos por profesores en los que presumiblemente los grupos sindicales los protegieron, y en el máximo castigo a sus presumibles actos, los cambiaron de grupo o escuela.
