Por su corresponsabilidad en el mal manejo de cuerpos de personas no identificadas que fueron resguardados en un tráiler que deambuló por la Zona Metropolitana de Guadalajara, el fiscal general de Jalisco, Raúl Sánchez Jiménez, fue removido de su cargo por el gobernador del estado, Aristóteles Sandoval.
Anoche, el mandatario se comprometió que a más tardar el 15 de octubre todos los cuerpos que están en el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) serán ubicados en un espacio digno.
Sandoval Díaz negó tener conocimiento de la problemática por la que pasaba el IJCF y aseguró que nunca recibió una petición formal o informal para ampliar la capacidad de la cámara de refrigeración.
No obstante, en varias ocasiones el ex titular del Instituto, Luis Octavio Cotero Bernal, declaró públicamente que la institución pasaba por una crisis que incluso afectaba su capacidad para almacenar y procesar cuerpos.
Por su parte, el fiscal de Derechos Humanos, Dante Haro, informó que en el contenedor que deambuló había 273 cuerpos y no 157 como se dijo al principio; informó que además, en el segundo contenedor contratado hay otros 49 cuerpos y 122 más permanecen en la cámara de refrigeración del Instituto.
Reveló que de estos 444 cuerpos sólo 60 cuentan con un registro completo para la identificación de personas fallecidas no identificadas, como lo establece el protocolo homologado para el tratamiento e identificación forense, el resto está apenas proceso.
Precisó que quien pidió la salida del tráiler fue el ex director del IJCF y argumentó que los cuerpos ahí resguardados tenían completo el registro de identificación, por lo que el 31 de agosto pasado autorizó la salida del contenedor tras rentarse la bodega de la colonia La Duraznera, en Tlaquepaque, donde permaneció hasta el 14 de septiembre.
Haro señaló que según la investigación, la Fiscalía no tuvo qué ver en la salida del tráiler del instituto, pero sí en su posterior manejo.
Previamente, el Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas solicitó al gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, que determinara responsabilidades por el hecho y que garantice que el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses cuente con los recursos necesarios para el resguardo de los cadáveres.
Afirmó que el gobierno estatal “tiene la responsabilidad de generar las condiciones necesarias para que los cuerpos de las personas no identificadas o entregadas a sus familias reciban un trato digno. Además, tiene la responsabilidad de garantizar que las instalaciones y los recursos operativos sean suficientes para una adecuada implementación de los protocolos de identificación, notificación y entrega de cuerpos, y la conducción de las investigaciones de carácter penal”. (El Universal Online).
