* Instalan aquí Defensoría Jurídica Gratuita del Tribunal de Justicia Administrativa.
Por Rafael Rivera Millán
El día de ayer, con la presencia de los 5 Magistrados que integran el Tribunal de Justicia Administrativa del estado de Michoacán, se instaló en este puerto la Defensoría Jurídica Gratuita de dicho tribunal, que contó con la presencia también de la Coordinadora de Defensorías y la titular de la nueva dependencia en este puerto, que está ubicada en las ex oficinas de la Comisión Ejecutiva para el Desarrollo de la Costas Michoacana.
Sobre el particular, el Magistrado Presidente del TJA, Dr. Arturo Bucio Ibarra, en conferencia de prensa dio a conocer que de lo que se trata es de acercar la labor del tribunal al ciudadano que en un momento determinado sienta que han sido violentados sus derechos y que por no tener recursos o tiempo para ir a Morelia a presentar su demanda en contra de autoridades estatales o municipales, deja que esa presunta arbitrariedad quede impune.
Dio a conocer que en los diez años que lleva de creado ese tribunal, de Lázaro Cárdenas solamente se han presentado hasta del 2008 al 2018, 105 demandas, en tanto que de Aquila 0, Coahuayana 4, Arteaga 5, Chinicuila 0 y de Tumbiscatío 0. Los 103 asuntos de Lázaro Cárdenas todos han sido en contra del ayuntamiento porteño y tienen que ver con la negativa de permisos o licencias, ceses de policías, principalmente.
El principal objetivo, señaló posteriormente a la inauguración de las oficinas, es precisamente el acercar este tipo de justicia al ciudadano que no tiene recursos o tiempo para acudir a Morelia a interponer su demanda, que aclaró, debe hacerse dentro de los primeros 45 días a la fecha en que fue multado por tránsito o notificado de alguna resolución del ayuntamiento o de otra autoridad estatal o municipal, para poder ante dicho Tribunal, o ante la Defensoría Jurídica Gratuita, pues pasado ese tiempo la demanda ya no es admitida.
Pero además dijo que en algunos casos, el ciudadano no le importa gastar más de lo que puede implicar una sanción que le impusieron, ni ocuparse más tiempo, con tal de que una autoridad obligue a otra reconocer su error y remediarlo. El tiempo de resolución de un asunto debe ser entre cuatro y cinco meses añadió, al tiempo que aclaró que sin embargo por la carga de trabajo que ha tenido en los últimos años el tribunal, ya que de conocer solo 350 demandas en sus inicios a más de 2,500 en el 2017, los tiempos se han alargado hasta nueve meses en que el particular obtenga una resolución, y que en un 60 por ciento han sido a favor del demandante.
Por su parte, la coordinadora de la Defensoría jurídica Gratuita, Aura Ireri Cupa Tovar, refirió que en estas oficinas no hay nexos con ninguna autoridad, el Tribunal y la oficina regional son autónomos, “los ciudadanos pueden tener absoluta certeza de que no será parcial en los procesos”, comprometió.
En la instalación de esta oficina regional también estuvieron presentes los magistrados Griselda Lagunas Vázquez, los Sergio Mesino Morales, Rafael Rosales Coria, y Carlos Paulo Gallardo Balderas, además del síndico municipal Miguel Ángel Peraldí Sotelo, entre otros.
