Sistema anticorrupción, 20 mdp en sueldos, ni un caso atendido en 2 años

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Magistrados del Sistema Estatal Anticorrupción.

Por Dalia Villegas/Quadratín

Morelia, Mich., 15 de agosto de 2019.- A casi 2 años de haberse creado, el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) no ha atendido un solo asunto en materia anticorrupción, todo se le ha ido en burocratismos y nombramientos para definir su estructura operativa; eso sí, su órgano de gobierno ha dispuesto de casi 20 millones de pesos de presupuesto entre 2018 y 2019, la mayor parte destinado a sueldos, algunos de hasta 80 mil pesos al mes, incluso arrastran un subejercicio de 3.5 millones de pesos.

Para el Ejercicio Fiscal 2019, el SEA dispone de 18 millones 664 mil pesos de presupuesto público, accedió solo a 5 millones en 2018; la mayor parte se ha destinado al pago de los titulares de la Secretaría Ejecutiva, Contraloría y los miembros del Comité de Participación Ciudadana, entre 80 mil y 65 pesos al mes. Según las funciones, allí todos reciben sueldo, excepto los representantes del Ejecutivo y órganos autónomos. Aún sin rumbo, sistema anticorrupción.

Este jueves en sesión pública, los miembros del Comité Coordinador discurrieron en torno a una nueva designación, esta ocasión la de un encargado de despacho de la Delegación Administrativa, que todavía no tiene ni qué administrar, según les hizo notar el propio contralor del estado Francisco Huergo Maurín, representante del Ejecutivo.

“No está propuesto en esta mesa la estructura técnica que genere productos en el SEA, como la plataforma, declaraciones patrimoniales, las denuncias, que es lo fundamental del sistema; el área administrativa viene solo a reforzar a la Secretaría Técnica”, comentó Huergo Maurín.

El contralor de Michoacán consideró un exceso la contratación de 40 plazas, “yo me pregunto para qué las quieren”, expresó, al subrayar que es necesario definir la estructura del sistema, sus funciones básicas y fijar el rumbo que va a tomar el Sistema Estatal Anticorrupción, y posteriormente emitir convocatorias para los cargos necesarios, expuso Huergo Maurín.

Sistema estatal, un camino accidentado Por su parte, el magistrado del Poder Judicial de Michoacán, Sergio Alberto Cázares Solórzano, señaló que si al fin ya se cuenta con el inmueble, hay prioridades, como adquirir los muebles, hacer un organigrama de funcionamiento y empezar a cumplir los fines del SEA.

“El fin de este sistema anticorrupción es promover la anticorrupción, hacer señalamientos sociales y abrir una ventana hacia la sociedad para que tengan en dónde encaminar sus reclamos”, comentó, al señalar que no veía condiciones para nombrar a un delegado administrativo, en lo que fue desoído, pues este día fue designado un encargado del despacho.

Añadió que el SEA ha tenido un camino accidentado hacia su consolidación, por lo que hizo notar que existen prioridades, entre las que destacó el diseño del presupuesto que se debe definir para el ejercicio 2020. Sin inversión, presupuesto a capítulo 1000 Sin contar con las jefaturas financieras, la contraloría y la secretaría ejecutiva, el SEA prevé contar con 21 plazas para la operación de programas en 2020, mismos que no ha definido; a la fecha cuenta con la contralora y la secretaria técnica, cargos de primer nivel en la administración.

Hace unas tres semanas al fin sentaron un inmueble para poner su oficina, por lo que pagarán 45 mil pesos de renta. En entrevista, con relación al dinero que no se ha aprovechado, el presidente del SEA, Juan José Tena, explicó que no se ingresaron los Documentos de Ejecución Presupuestal (DEEPs) con oportunidad, por lo que se generó un subejercicio estimado en 3.5 millones.

“Estimo que hay un subejercicio de 3 millones de pesos, el resto no se invirtió, eso es lo malo, se pagaron sueldos y honorarios del Comité de Participación Ciudadana, del secretario técnico, una contadora que él subcontrató y la contralora”, comentó.

El presidente del SEA, Juan José Tena, destacó como acciones en materia anticorrupción: la emisión de las bases para el servicio profesional de carrera, los lineamientos para recibir denuncias y poder canalizarlas a las dependencias competentes, para hacer el informe anual y a partir de eso emitir recomendaciones, de las que a la fecha no han emitido ninguna.