Por Francisco Rivera Cruz
Cuestionando qué ocultan alcaldesa, tesorero y contralor, al guardar bajo “siete llaves” el contrato para actualización catastral, de su contenido depende que estén en riesgo los pagos y haya conflicto de intereses, estableció el síndico municipal Miguel Ángel Peraldí.
Sostuvo que está en la misma situación que manifestara en pasada sesión del Cabildo de que no le han pasado el contrato de actualización catastral, y si la alcaldesa dice otra cosa, no lo puede comprobar porque no ha hecho llegar el documento, afirmó.
El abogado, dijo que sabe de la existencia de un acuerdo entre una empresa y el gobierno municipal, porque se le ha informado sin ponerle los datos, además es público que una empresa está trabajando en ese tema, “pero no conozco condiciones en que se celebró, no conozco el contrato, nada, a pesar que se ha pedido en múltiples ocasiones”.
Y cuestionó. “Si las cosas son tan honestas por qué la negativa a entregar copia de ese contrato a sindicatura para que yo pueda emitir una opinión técnico jurídica al respecto”.
Me apena contradecir a la ciudadana, pero falta a la verdad al decir que me ha entregado copia del contrato, acotó entrevistado en su oficina.
“Que demuestre, que a esta oficina ha hecho llegar ese documento”, enfatizó cuando se le recordó que en conferencia la presidente María Itzé Camacho, aseguró que el síndico lo que quiere es vivir tiempo de fama, ya que el contrato de actualización de impuesto al predial, ya le fue entregado.
Peraldí Sotelo comentó que cuando se empezó este asunto y se propuso al Cabildo licitar un contrato, él se opuso a un convenio de esa naturaleza por las razones jurídicas que ahí mismo expresó. Entre otras que no se puede concesionar cobro de impuestos de ninguna clase, a un particular.
Expresó que en estos momentos no tiene una opinión si hace bien o mal y que para que el contrato sea ilegal un Tribunal debe fallarlo en tal sentido.
Estableció que por el monto del contrato y según la información que ha trascendido el servicio debió licitarse, y aunque no conoce las cantidades involucradas, para ese criterio se basa en lo que circula en las redes sociales de que Tax Company, quien ejecuta la modernización catastral, se llevaría el 25% de lo que se recaude, “lo cual, es una cantidad exorbitante”.
A pregunta expresa, respondió no saber si el Director de Relaciones Interinstitucionales del Gobierno Municipal, Diego Niembro, tenga nexos a la empresa que está haciendo trabajo catastral. “Si viera el contrato y viera quién firma, podría decir, pero ni siquiera he visto”. Y de ser empleado, “probablemente, probablemente” hubiera conflicto de intereses, siempre y cuando no hubiera renunciado a su cargo dentro de la empresa.
El síndico dijo que “por supuesto, hay riesgos”, que los procedimientos de actualización no se hagan conforme a lineamientos y vayan los contribuyentes a los tribunales, como el TJAM, para defenderse de la medida.
En el tema, de si se prevén amparos, indicó que se tienen que agotar los recursos ordinarios, Código de Justicia Administrativa del Estado, es decir para ir al amparo, se requiere primero agotar los recursos de defensa ordinarios, los establece una ley estatal. Luego se iría al amparo.
Sobre el ejercicio, dijo creer que estamos en el peor momento para aumentar recaudación, “estoy de acuerdo que algunos predios están pagando muy poco de impuesto predial. Hay casos de 100 o 200 pesos, pero eso debe darse conforme a un procedimiento técnico y no de manera arbitraria, incluso hay una jurisprudencia que establece que el impuesto predial no puede aumentar más del doble en determinado ejercicio fiscal.
Ahondó que ArcelorMittal seguramente está defendiendo sus intereses, “no culpo a particulares por defenderse o quererse defender.
Por eso, insistió, la necesidad de poner el contrato en la mesa. “Mi única función es vigilar el buen funcionamiento de la Hacienda Pública Municipal, y si, con todo respeto, se ganaron las elecciones es porque la población quiso que se vigile los recursos públicos”.
Reiteró la necesidad que se exhiba el contrato para ver legalidad o ilegalidad, “porque a lo mejor estoy especulando, puede ser perfectamente legal, aunque si así lo fuera por qué tanta negativa y cerrazón a mostrar el contrato”.
Presidenta, tesorero y contralor lo tienen bajo llaves, cuál es el objetivo, inevitable preguntar qué están ocultando, concluyó.
