* Hay claro conflicto de intereses e irregularidades en contrato para actualizar catastro, dice regidor morenista Mario Adrián Pérez Ibarra.
Por Francisco Rivera Cruz
Además de movimientos extraños como un nombramiento y un desplazamiento, hay un claro conflicto de intereses y también una serie de irregularidades en la adjudicación de contrato a la empresa Tax Company para hacerse cargo de la modernización catastral de Lázaro Cárdenas.
Así lo indicó el regidor de extracción morenistas en el gobierno local, Mario Adrián Pérez Ibarra, quien manifiesta que vio venir problemas, primero porque actualizar un padrón catastral es incrementar lo que se ha de pagar en impuesto de predial, “y no estamos hablando solo de empresas, sino de ciudadanos que también se verán afectados”.
Sus apuntes dijo basarlos en lo que ha confesado Diego Niembro Ugalde, primero ejecutivo de la empresa contratada y luego Director de Relaciones Interinstitucionales del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas.
Recordó que el directivo ha hablado de actualización de un área de 84 kilómetros, logrando incluir muchas propiedades, para ello usados supuestos equipos de alta tecnología, en los que no cree, “aunque no se trata de creer o no, se ocupa tener información tangible de lo hecho”, señaló.
Y agregó que existe la duda de los trabajos y la metodología actualizada y tecnología de punta, toda vez que no le han hecho llegar documentación de los trabajos que avalen la transformación catastral, como tampoco el nombramiento de quien era representante ejecutivo de Tax Company y ahora director funcionario municipal.
¿Se advierte conflicto de intereses?, le interroga el director de Gente del Balsas, Rafael Rivera Millán, a lo que el representante popular indica que la jefa de Catastro, Beatriz Jiménez, de facto fue removida, quedando al cargo una empleada de Tax Company, sin que ello sea oficial, porque no ha llegado documento con la información.
El abogado y sindicalista dice advertir un claro conflicto de intereses “y creo que también serie de irregularidades” en la adjudicación del contrato, dado que se beneficiaría con el 25 por ciento de recaudación la empresa, pero en perjuicio del pueblo y sociedad lazarocardenense. “La utilidad que se lleva, que les quede claro, es dinero del pueblo, del erario público”.
Se pudo optar por un mejor proceso en materia de contratación sin tanta utilidad para una empresa, además el recurso que se va a llevar, permitiría algunas obras a favor de la ciudadanía, consideró el regidor municipal.
Una anomalía que encontró, observa, es que las sesiones extraordinarias son para asuntos impostergables, y la adjudicación de contrato se trató en sesión extraordinaria citada para el 27 septiembre de 2019, a la que asistieron 12 de 14 ediles, y él fue único que votó en contra.
Narró el entrevistado que en el Punto 4 de la Orden del Día, no se refería a Tax Company sino a “empresa idónea”, aunque circulaba información de que había pláticas, propuesta y un borrón de contrato.
Mis criterios, dice Pérez Ibarra, fueron cuestionar ¿Por qué contratar a una empresa que realizara esta actualización?, ¿Por qué en una extraordinaria?, ya que el tema requería de un análisis, no manejo rápido, ¿cuáles eran prisas?, y en base a ese reflexionar decidió rechazar.
Se trataba de autorizar a que el Comité de Obra Pública, Adquisiciones, Enajenación, Arrendamientos y Contratación de Servicios, Bienes Muebles e Inmuebles, adjudicara contratación de la “empresa idónea”.
Nos presentaron un borrador, y no tenía en ese momento mayor información, porque además no se me facilita, apunta. Y la deuda informativa era mucha, que pasaría en incumplimiento, sobre todo, cuando, no venía por una suma fija, sino porcentaje, lo que se conoció después.
Lo que debió ser todo un proceso de adjudicación, empezó con deuda de información, refiere antes de recordar que son integrantes del Comité de Adquisiciones la alcaldesa, y los regidores Minerva Vázquez Salas, Oscar Daniel de la Peña Carmona, Lorena García Posadas, Gustavo Morales Cervantes, José Ángel Polanco, Francisca Gpe. Chan Panti y Zulma Nayeli Tovar Gil. Además de tesorero, secretario de Obras Públicas, Oficial Mayor y director del Capalac.
Además son integrantes, sin voz y sin voto, Síndico, Contralor, y jefe departamento Jurídico.
El morenista sostuvo que el llamado es al comité a que explique cómo fue adjudicación, con qué montos, aunque los mismos se modificaron “por algunos” en sesión de Cabildo del 31 de mayo de 2019.
Sobre si fueron “chamaqueados” los regidores en la sesión extraordinaria que dio origen a la contratación, dijo tener acta en mano, y por la participación de algunos regidores parecía que sabían el caso.
“No creo que a estas alturas esa palabra sea muy adecuada”, argumentó Mario Adrián Pérez, ya que pueden pagar asesores, acceder a información legal, jurídica, con la cual sustentar razones para votar.
Explicó que levantó la mano en contra, por no tener al alcance un dictamen técnico que justamente soportara lo comentado por algunos regidores, en el sentido que el Departamento de Catastro no tiene la capacidad para hacer estas recaudaciones, “considere que la ruta que se quiere hacer, no es la más idónea”.
