Por Rafael Rivera Millán
En entrevista telefónica con este diario, Francisco Rangel Salgado, jefe del Departamento Jurídico del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, señaló que el contrato que la alcaldesa y tesorero suscribieron con la empresa Tax Company es legal, “porque no es otra cosa que de colaboración en materia de determinación de actos omisivos de la autoridad municipal en cuestión tributaria de terceros”, puntualizó.
Mencionó que el documento reúne los requisitos de ley para prever básicamente que los actos de autoridad estuviesen fundados y motivados, pero que en ningún momento se le atribuyen facultades a Tax Company para suscribir y emitir los actos de molestia respectivos, esto es las notificaciones de créditos fiscales por la actualización catastral, sino que se le contrató para apoyar a la autoridad fiscal municipal para que cumpla su mandato, de fundar y motivar las notificaciones de los créditos fiscales que se llegasen a determinar.
Cuestionado si era justo o no el porcentaje del 25 por ciento que se estableció en ese contrato, como retribución a Tax Company, Rangel Salgado, dijo que en primer lugar no eran recursos del erario público, sino de lo que ingresara extra al municipio, luego de dichos trabajos.
“Habría que determinar primero que el Catastro Municipal ha tenido una captación histórica que únicamente se ha visto impactada con los incrementos oficiales del índice inflacionario, pero que ahora la determinación de esa nueva base gravable, es una cuestión no necesariamente dirigida a quien menos tiene, ya que en los actos de molestia que se observen, vamos a acatar el principio de equidad tributaria”, puntualizó.
Se tratará de hacer pagar a quien tiene que pagar dijo, al señalar que esto va ayudar en hacer lo necesario para que se cumpla el requisito de motivación, por lo que Tax fue contratada para dar los motivos por los cuales se hará esa nueva actualización.
Por qué contratar a una empresa, qué la administración municipal no tiene personal capacitado para hacer esta actualización se le preguntó, a lo que Rangel Salgado respondió que no, “porque no tenemos dron”.
Y por eso van a pagar el 25 por ciento, se le insistió a lo que contestó que:
“Sí, porque le vimos un costo beneficio, la ley de Coordinación Fiscal determina que si tu hacienda municipal es más fuerte, obviamente se verá compensada con más recursos de la federación, y entonces se trataba del objetivo primordial, no de asignar a nuevos valores a los predios ya existentes, se trata de actualizar las cuentas catastrales a las circunstancias físicas actuales, ya que hay inmuebles que están en dotación ejidal, que venían siendo tratados como terrenos rústicos, cuando en la realidad se trata de construcciones urbanas, que tienen que ser consideradas en otra base gravable”.
Respecto a si existe o no conflicto de intereses al firmar Diego Niembro Ugalde el contrato respectivo y ahora es funcionario municipal, el Jefe del departamento Jurídico señaló que no, porque además el citado personaje no va a notificar ningún acto de la autoridad municipal, y que en todo caso Tax Company debe de informar si todavía sigue siendo su representante.
