Sostiene Alcaldesa que ArcelorMittal opera bajo riesgos y en la ilegalidad

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La alcaldesa Itzé Camacho, reiteró ayer en conferencia de prensa, que la clausura del área de Minas de ArcelorMittal fue bien fundamentada.

Por Francisco Rivera Cruz

La clausura al área de minas de la empresa ArcelorMittal ocurrió por dos motivos centrales, no tiene licencia de funcionamiento, y lo más grave, la Secretaría de la Defensa Nacional le suspendió el permiso de uso de explosivos.

Con esto último, hay “condiciones inseguras del entorno”, y por eso se actuó, sostuvo en la conferencia de prensa de ayer martes, la presidente María Itzé Camacho, quien se quejó de que la acerera le ha buscado “colgar” delitos cuando ella lo único que ha buscado es querer que cumpla la ley.

No es cuestión dirigida; el cierre está apegado a derecho, señaló cuando se preguntó razón por la cual horas después de vencido el permiso de la Sedena se le aplicó clausura y sellos, en lugar de notificar y acompañar a la productora de acero en la obtención del permiso.

El abogado Francisco Rangel, como titular del área jurídica, al esgrimir los justificantes legales para el cierre de minas, señaló que para que la empresa obtenga el nuevo permiso el gobierno municipal debe dar su “conformidad” o visto bueno, y se libera si la empresa ha cumplido o cumple con todas sus obligaciones.

Con esta nueva situación y la de julio anterior, cuando se clausuraron instalaciones no esenciales del complejo productor de aceros, –entonces por falta de permiso de Protección Civil– se evidencia que la empresa pone en riesgo a terceros.

De acuerdo al representante legal, las empresas tienen la obligación de renovar sus permisos cada año, pues es de orden público y carácter obligatorio, mientras ArcelorMittal venía operando con un permiso que tramitó desde el gobierno municipal anterior.

Camacho Zapiain, cuestionada si había capricho o leyes en el tema, argumentó que se trata de cumplimiento de las regulaciones, y si hay capricho habría que preguntarle a la empresa.

Los dos funcionarios, alcaldesa y jefe de jurídico, hicieron esfuerzos por argumentar que el cobro de impuestos y la licencia que no tiene ArcelorMittal para manejo de explosivos, son cosas distintas y una acción no obedece a otra.

Camacho Zapiain dijo que había acudido al llamado de la Secretaría de Gobernación porque así lo había solicitado la empresa, y se retiró “porque no puedo estar hablando con alguien que miente”, en referencia a la acerera.

Al recordar que la empresa aduce que hay represalia en su contra por los intentos fallidos por parte del Ayuntamiento de incrementar en más de un 70% el pago del impuesto predial y de pretender cobrar de forma retroactiva 132 millones de pesos por los últimos cinco ejercicios catastrales, la alcaldesa dijo que esa información no es verdad.

Es de apuntar que aunque en la conferencia se abordaron temas previos, como obra pública, Palomas Mensajeras y filtros sanitarios, los reporteros mostraron interés en pasar al tema de la colocación de los sellos. De hecho, la munícipe exclamó “Quieren llegar pronto a lo de Arcelor”.

ArcelorMittal es la mayor acerera del mundo, sólo en Lázaro Cárdenas genera 8 mil empleos directos y cerca de 50 mil indirectos, siendo que desde el 2019 aplica inversión de mil millones de dólares para un proyecto de expansión que permita ofrecer lámina en diferentes requerimientos, entre ellos para la industria automotriz.