Redacción
En la denuncia de daño moral que interpuso la alcaldesa Ma. Itzé Camacho, contra los periodistas Francisco Rivera Cruz y Rafael Rivera Millán, representante de Gente del Balsas, Reporteros sin Fronteras señaló que estas demandas no deben existir en un país democrático, mientras Propuesta Cívica lamentó que ocurran con desapego a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ambas agrupaciones defensoras de derechos, sostienen que se está violando el derecho a informar y estar informados.
En el marco de la inauguración del primer mural en México en memoria de periodistas víctimas de desaparición, Balbina Flores, representante en México de Periodistas sin Frontera, fijó que cualquier demanda que va contra la labor de informar es un acto inhibitorio a la libertad de expresión.
Lo ideal, dijo, es que no existan en un país democrático como México, que se precia de ser un país con estado de derecho, ya que las demandas de daño moral, van contra las garantías de la libertad de prensa y expresión.
Se pronunció porque en el caso del periodista que redactó –Francisco Rivera– y el que publicó –Rafael Rivera– se revise y valore por la autoridad que investiga tomando en cuenta los indicadores internacionales de respeto a la libre prensa.
En México las demandas morales y penales –éstas últimas subsisten en algunos estados–, es recurso para las autoridades que se sienten exhibidas por la información que se investiga y difunde.
Debe prevalecer el respeto a la libertad de expresión, pero es práctica que no ha desaparecido en algunos rincones del país y ahora en preámbulo preelectoral el temor es que éstas se incrementen porque los funcionarios de cualquier nivel se muestran muy sensibles a la información que les puede comprometer.
El detalle es que los funcionarios olvidan que están expuestos a la crítica y al escrutinio público, selló la defensora de los derechos humanos Flores Martínez.
En el tema, Sara Lidia Mendiola, Directora Ejecutiva de Propuesta Cívica, dijo que el periodismo en México no solo es agredido físicamente sino también de manera legal, “y en los últimos años vemos con gran preocupación el aumento y avance de acoso judicial”. Son demandas por daño moral que entablan funcionarios contra periodistas y sobretodo contra quienes están exhibiendo actos de corrupción y malos manejos, asentó.
Apuntó que sistemáticamente, desde 2018, –a la llegada del obradorismo al poder–, se empieza a atacar fuertemente a través de estas acciones de daño moral.
Malamente, funcionarios están haciendo uso de este recurso para agredir periodistas, y sin embargo, es más lamentable que las autoridades judiciales estén coludiéndose con funcionarios en actos de corrupción para generar sentencias condenatorias y desfavorables para el periodismo.
Mendiola Landeros, agregó que se les olvida a las autoridades judiciales que en México la Suprema Corte de Justicia ha generado altos estándares de protección a la libertad de expresión, sobre todo cuando se está hablando de funcionarios públicos a través de información de interés de la sociedad; “ahí privilegia el derecho a la libertad de expresión y de prensa, frente al honor de las personas públicas”.
Es oportuno recordarle a las autoridades los estándares que ha emitido la SCJN sobre todo en el reportaje neutral, donde el máximo tribunal del país ha señalado que cuando se replique el contenido informativo de otra fuente primaria, no habrá una sola responsabilidad legal para el periodista que replique porque es acto de difusión de información, expuso.
