Sin duda la sorda, es una comunidad altamente comprometida con la defensa de sus derechos, y hoy es clave para el trabajo legislativo de inclusión que se ha venido dando, recalcó el diputado Víctor Zurita Ortiz, presidente de la Comisión Especial para la Atención a las Personas con Discapacidad en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
Durante un encuentro con madres de familia de la comunidad sorda, el diputado integrante del Grupo Parlamentario de Morena señaló que ellas son un gran ejemplo en la lucha por abatir las barreras, la discriminación y la falta de oportunidades para las personas con discapacidad auditiva.
“No obstante la lucha de las madres de la comunidad sorda por el reconocimiento de nuestros derechos, debemos seguir enfrentándonos a todo tipo de barreras sociales como la falta de oportunidades laborales, carencia de una educación de calidad acorde a nuestras necesidades, y deficiencias en la atención médica”.
Víctor Zurita destacó que las personas sordas enfrentan día a día la discriminación y en general, la invisibilidad a la que la misma sociedad y el Estado las han sometido al considerarlas mudas e incapaces de realizar aportes importantes a la vida política, tecnológica, económica, social y cultural de nuestro país, tan sólo por el hecho de vivir en un mundo donde ser parte una minoría lingüística es igual a ser excluido o minimizado.
“Los datos del Gobierno de la República a través del Instituto Nacional de Rehabilitación, señalan que somos aproximadamente 2.3 millones de personas con discapacidad auditiva; pero aunque esta cifra dista de otras proporcionadas por organizaciones civiles de personas con discapacidad, sabemos que el cómo se mide es político, y la discapacidad es social”.
El legislador destacó que no se trata de un número, sino de la calidad de vida a la que a las personas sordas se les permite acceder en silencio, “en ese silencio discriminatorio y lacerante que a pesar de los derechos adquiridos nos continúa enfrentando a las múltiples barreras de comunicación interpersonal y el acceso a los servicios básicos”.
