Por Dra. Yazmín Arroyo
Mis estimadísimos lectores, vamos por una semana más, probablemente hayas escuchado acerca de la sobrerrepresentación, este término que en los últimos días, se escucha muy seguido y no sólo en la mañanera, ya que tras la elección del pasado 2 de junio, el partido Morena y sus aliados de la coalición “Sigamos haciendo historia”, el partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), tendrán un gran número de diputadas y diputados en la próxima legislatura.
Algunos exconsejeros del INE han alertado del riesgo de que esto ocurra en la Cámara de Diputados, y se distorsione la composición del Congreso, asignándole al oficialismo un número mayor de curules del que les corresponde conforme al porcentaje de votación obtenido en las urnas.
Esto significa que la fuerza política tiene una proporción mayor de legisladores respecto de la votación que recibió durante las elecciones, e implica necesariamente que otros grupos estarán subrepresentados, es decir, que recibirán un menor número de curules respecto de su porcentaje de votación.
Por ello tanto debate, últimamente, porque si la lógica no me falla, esto lleva a una distorsión del voto, según dicen los expertos como Ciro Murayama en entrevista con El sabueso, “vale más un voto del gobierno que un voto por la oposición”.
Por ejemplo, en materia de fiscalización, tiempos de radio y TV, propaganda o paridad de género… Luego, entonces, una lectura gramatical del artículo 54, conduce inevitablemente a la incursión de la imprudente secretaria de Gobernación y, es de esperar, un debate constitucional en el seno del INE y, en última instancia, en el TEPJF.
Una resolución en sentido contrario estaría atentando contra un precepto básico de toda democracia representativa, la de “un voto, un ciudadano” y no un “un voto de partido tres o cuatro ciudadanos”.
Veámoslo, más claro, si un partido obtuvo el 40% de los votos debería tener el mismo porcentaje de curules y hasta un 8% más, por la vía de triunfos de mayoría relativa y los restos mayores de la representación proporcional distribuido en las cinco circunscripciones.
Sin embargo, en 2007, un nuevo legislador reformuló la figura de las coaliciones electorales que hasta se momento se presentaban agregadas bajo un mismo sello electoral y distribuían la representación obtenida en función de los convenios de coalición que firmaban los dirigentes de partidos y entregaban a la autoridad electoral.
Recordemos, en estos documentos acreditados ante la autoridad electoral, se establecía que porcentaje de votos y representación le tocaba a cada uno de los partidos en función de la última votación obtenida en diputados federales. Lo normal es que en esos convenios los partidos pequeños conservaban el registro como partido nacional y con ello, el derecho a recibir presupuesto como entidad de interés público de la federación.
La reforma electoral de 2007 provocó un cambio en la legislación de manera que en lo sucesivo los convenios de coalición ya no serían en función de lo obtenido por cada partido en la última elección, sino que cada partido coaligado, tendría que obtener el 3% de la votación emitida para alcanzar o conservar su registro como partido político nacional y, claro, hasta la fecha, están excluidas de las coaliciones los nuevos partidos que en la primera aparición electoral deben obtener ese 3% de la votación emitida.
Pero los dirigentes de los partidos vieron en ello un vacío legal que lo llenaron a su gusto. La ley no decía que ese 8% de la sobrerrepresentación aplicaba para las coaliciones o, sea, que todos los partidos que formaban una coalición no podían tener una sobrerrepresentación superior a ese dígito cuando lo justo, si es que vale la expresión en política, debería ser el 8% para toda coalición.
Y es lo que podría meter al país en un brete si se hace una lectura gramatical y no sustantiva, el ejercicio ipso facto de la secretaria de Gobernación, por supuesto, interesado, busca legitimar la sobrerrepresentación de la coalición “Juntos hacemos historia”, que si se concreta en el INE y TEPJF alcanzaría el 18% de la Cámara de Diputados y, sin en ella, la coalición “Juntos hacemos historia” no tendría la mayoría calificada que hoy se ha cantado desde el primer momento por una autoridad política y no la electoral, que no ha entrado al fondo de la cuestión.
Quedando en 8% la sobrerrepresentación a favor de la mencionada coalición perdería automáticamente más menos 50 diputados, por aquello del 10% más de sobrerrepresentación que se asignarían a los que pierden en el ejercicio de distribución previsto en la ley y, no a que cada partido, este sobrerrepresentado por las estrategias y trampas partidarias en el momento de acordar los convenios de coalición.
Así, veamos el caso del emblemático del PVEM, este postula a uno de sus militantes como candidato a una diputación federal y, también, lo hacen los otros partidos de la misma fórmula y viceversa, donde otro partido postula a uno de los suyos, recibe los votos del PVEM. Y, eso, significa transferencia de votos, que es una práctica inconstitucional en la dialéctica sobrerrepresentación versus subrepresentación.
Entonces, en el caso de ganar la elección de mayoría el PVEM u otro partido, obtiene esa curul, pero, igualmente, aumenta la votación útil en la distribución de la representación proporcional. Esto es, los partidos coaligados engrosan su votación artificialmente y con ello entra al reparto de las llamadas diputaciones plurinominales.
Pero, este esquema, también lo utilizan los otros partidos de la coalición y, es ahí, donde lo que antes era sobrerrepresentación de un 8% para un partido se multiplica por tres o más partidos coaligados. De forma tal, que si cada uno de ellos, tiene una sobrerrepresentación y en el extremo de 8% estaríamos hablando de un 24%. Y un 24%, es prácticamente la cuarta parte de los 500 diputados que integran la Cámara de Diputados. O sea, 125 diputados extra que romperían brutalmente con el principio básico de toda democracia representativa de “un voto, un ciudadano”.
En suma, la coalición “Juntos hacemos historia” estaría sobrerrepresentada en la Cámara de Diputados con un 18%, la coalición “Fuerza y Corazón por México”, subrepresentada 9% y MC, 6%.
La sobrerrepresentación es un problema de calidad democrática, aunque, en lo político los ganadores siempre argumentan el criterio de la mayoría y las minorías cuestionan la desproporcionalidad en la distribución de la representación.
En tanto, los demócratas, dirán para el caso específico de México, que el espíritu del legislador de 1996 debe aplicar en las coaliciones.
Esto, es, que las coaliciones no estén sobrerrepresentadas más allá del 8% y, menos, cuando ese exceso de representación para los ganadores podría servir para el control de las instituciones de la democracia y el establecimiento de un segundo piso de un proceso de concentración de poder y la operación del llamado Plan C.
Este dilema lo habrá de resolver el Tribunal Electoral, en las manos de los consejeros y magistrados electorales está el futuro de una patria con contrapesos y nuestra democracia representativa, según Ernesto Hernández Norzagaray en el portal de sinembargo.mx.
