En la agenda de Alfredo Domínguez Marrufo está marcado que el 15 de septiembre se cumplieron 150 días desde que el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, que él encabeza, pidió, exhortó y exigió a Alejandro Martínez, Araiza, dirigente sindical del SNAC, informara sobre el patrimonio sindical, valuado en 500 millones de pesos, medida que desobedeció.
El dirigente cumplió cinco meses sin rendir cuentas del patrimonio de esa organización, que agrupa a 17 mil trabajadores en todo el país, acción a la que está obligado de acuerdo con el artículo 373 de la Ley Federal del Trabajo, que define la obligación de informar sobre el patrimonio sindical a trabajadores y autoridades, informaron trabajadores disidentes del SNAC.
Ese sindicato está integrado por 17 mil trabajadores que laboran a lo largo y ancho del territorio nacional, incluido el Estado de Michoacán, desde luego.
Apuntaron que el soberbio dirigente sindical ha retado a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Fiscales del gobierno de la 4T diciendo que no va a rendir cuentas y que sólo lo hará a los trabajadores sindicalizados, pero eso tampoco ha ocurrido en los últimos seis años.
Por ello, los trabajadores disidentes del SNAC pidieron al Gobierno que encabeza Claudia Sheinbaum: rendición de cuentas de Martínez Araiza , sobre 500 millones de pesos, patrimonio de los trabajadores, la destitución del líder sindical, auditorías de la STPS en los centros laborales para saber si en realidad Alejandro Martínez Araiza ha entregado reportes semestrales sobre los diferentes fondos del SNAC, la cancelación del registro del Sindicato y que finquen responsabilidades sobre el Comité Ejecutivo Nacional.
Las autoridades laborales informaron que el dirigente del SNAC no les entregó el acta de asamblea en la que fue reelecto por seis años más como secretario general de esa organización, el pasado 15 de abril.
En dicha acta debió informar sobre la administración del patrimonio sindical y por ello el 19 de mayo el CFCRL le envió un oficio para exhortarlo a que cumpliera con su responsabilidad marcada en la Ley Federal del Trabajo.
Los obreros disidentes señalaron que Martínez Araiza no les ha informado sobre el uso y monto del patrimonio sindical, por lo cual las autoridades deben intervenir para exigirle cuentas y sancionarlo.
