* Vaivenes políticos han impedido que se ponga a funcionar el Implan, para tener una buena herramienta para normar el crecimiento y desarrollo urbano.
Por Francisco Rivera Cruz
Concebidos hace una década como la máxima herramienta para arrancar el desarrollo municipal de los vaivenes políticos, los Institutos Municipales de Planeación (Implan) en Michoacán cumplen años, aunque sin haber entrado en vigor como una obligación legal. Por lo menos, en esta ciudad portuaria, la normativa es letra muerta: tres administraciones consecutivas han evitado su aplicación, manteniendo al municipio en el rezago y la improvisación urbana.
A pesar de ejercer un presupuesto anual que ronda los 1,400 millones de pesos, la falta de infraestructura en Lázaro Cárdenas no solo está estancada, sino que se agudiza debido al crecimiento poblacional y al visible deterioro de los servicios existentes.
La reforma a la Ley Orgánica Municipal, impulsada en su momento por la entonces diputada Eloísa Berber, entró en vigor formalmente en enero de 2017. El objetivo era claro: obligar a los ayuntamientos a proyectar sus obras, presupuestos y crecimiento social con una visión técnica a 15 o 20 años, blindando los proyectos de los colores partidistas en turno.
La historia de su estancamiento local se resume en la falta de voluntad política:
Periodo 2015-2018: Tras severas vacilaciones, la administración de Armando Carrillo creó el organismo en la recta final bajo las siglas de Impelac (Instituto Municipal de Planeación Estratégica de Lázaro Cárdenas).
La era morenista (2018 a la fecha): Al asumir el relevo la primera administración encabezada por Ma. Itzé Camacho, el proyecto fue enviado al congelador. Desde entonces, y tras dos procesos electorales (2018 y 2021) donde el sector empresarial arrancó promesas firmadas a los candidatos, los sucesivos gobiernos han evitado deliberadamente poner en marcha este instrumento.
Mientras Lázaro Cárdenas ignora la legislación, otros municipios clave del estado como Morelia, Zamora, Uruapan y La Piedad mantienen sus institutos activos; los dos primeros, incluso, desde antes de que fuera obligatorio por ley.
Las consecuencias de gobernar al día y sin planeación técnica ya pasaron factura a la competitividad de la región. Líderes del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) local, como Daniel Torres Causor y Julio César Cortés Velázquez, han considerado que el desacato a la ley mantiene a la ciudad sumida en el desorden.
“Ahí se hace el proyecto de una ciudad a corto, mediano y largo plazo; se definen los polígonos para industria, comercios, vivienda o reservas que simplemente hoy no hay”, apuntó Torres Causor, calificando la situación actual como una omisión grave que ahuyenta la certeza para los inversionistas.
Sin un Implan que vigile y dictamine las obras de gran calado, las decisiones siguen tomándose bajo criterios políticos de tres años, dejando a la principal zona portuaria del pacífico mexicano sin las arterias viales necesarias, sin reservas territoriales ordenadas y con una calidad de vida de sus ciudadanos cada vez más castigada.
La calidad de vida de los porteños es la que empieza a pagar que la normatividad señalada sea ignorada: ambientalistas estiman que el manejo de la basura es problema desatendido si se mira incendios y lixiviados, pero la mayor amenaza proviene de no tratar las aguas negras, aunque de paso la demanda de agua crece sin que tampoco haya atención a este vital renglón.
