Los trabajadores disidentes del Sindicato Nacional Alimenticio y del Comercio (SNAC), exigieron que las autoridades fiscales, laborales y judiciales, inicien procesos y finquen responsabilidades en contra de Alejandro Martínez Araiza, secretario general de la organización, y de su familia, por la malversación del patrimonio gremial, valuado en 500 millones de pesos.
En un pliego petitorio, exigieron la separación de su cargo y su expulsión de ese sindicato, que agrupa a 17 mil trabajadores en todo el país, con la finalidad de que no obstaculice las investigaciones.
Manifestaron que los procesos que se inicien en contra del dirigente del SNAC, debe incluir a sus familiares y a algunos miembros del Comité Ejecutivo Nacional, con el propósito de deslindar responsabilidades y la realización de auditorías en los últimos 10 años, con repetición cada seis meses.
Al respecto, solicitaron la intervención del Servicio de Administración Tributaria, la Secretaría del Trabajo y la Fiscalía General de la República, para que realicen auditorías y procedan conforme a derecho en contra de Martínez Araiza, por el mal manejo del patrimonio sindical, generado a partir de las cuotas mensuales de los sindicalizados.
Exigieron castigo por malversación o deficiente gestión administrativa que incluya la expulsión del sindicato a los responsables de estas conductas.
Asimismo, demandaron el resarcimiento del daño patrimonial que se detecte mediante la investigación, que incluya el pago por los bienes inmuebles enajenados y la devolución al patrimonio sindical.
En el aspecto gremial, subrayaron le necesidad de anular la elección fraudulenta de Martínez Araiza, como secretario general para ocupar el puesto hasta 2030 y se convoque a un nuevo proceso electoral, en el cual participen todas las planillas posibles, y que el proceso no sea controlado por el sindicato.
Destacaron que las elecciones deben ser apegadas a los estatutos y a los requerimientos de la nueva ley laboral en materia de transparencia, supervisión por parte de las autoridades competentes y procesos apegados a la normatividad para que la totalidad de los trabajadores tengan la posibilidad de acudir a las urnas, que existan alternativas para elegir dirigentes y la base trabajadora tenga información suficiente para definir su voto.
Solicitaron respeto a los tiempos de propaganda de las planillas que se registren, sanciones inmediatas y contundentes a quienes violen o infrinjan la reglamentación y que exista una plataforma electrónica para contabilizar los votos de forma ágil para todos.
De igual manera, pidieron respeto a las opiniones divergentes dentro del sindicato y creación de causes institucionales para dar cabida a las diversas posturas.
Por otra parte, los trabajadores disidentes señalaron la urgencia de que las marcas registradas, como propias por Martínez Araiza, vuelvan a ser propiedad de la organización gremial, incluida la denominación “SNAC”, de la que se apropió ilegalmente el corrupto dirigente.
