Ascenso sin examen, en el cargo público se convierte en premio
Por Lic. Julio César Zamudio
Director Corporativo Mercadotecnia de México
En México, la administración pública parece funcionar, en demasiadas ocasiones, como una escalera de premios políticos, un funcionario deja un cargo y, sin que la ciudadanía conozca sus resultados, aparece inmediatamente encabezando una dependencia de mayor importancia, nadie explica qué metas cumplió, qué problemas solucionó, cuánto dinero administró, qué irregularidades corrigió ni por qué merece una responsabilidad superior, los gobernadores tienen facultades para designar a los integrantes de sus gabinetes, pero esa atribución no debería convertirse en una autorización para colocar amigos, compromisos políticos o funcionarios sin capacidad comprobada, antes de entregar un nombramiento, tendría que existir una evaluación pública, técnica e independiente que permita saber si la persona propuesta cuenta con experiencia y, especialmente, si obtuvo resultados en su responsabilidad anterior, un ejemplo que merece ser revisado es el de María Elena Huerta Moctezuma, el Gobierno de Michoacán informó que desde 2024 se desempeñó como directora general del Instituto del Transporte del Estado y que, el 2 de junio de 2026, fue nombrada titular de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Movilidad, la pregunta no debe entenderse como un ataque personal, sino como un legítimo ejercicio de rendición de cuentas, ¿cuáles fueron los resultados que justificaron su ascenso?, ¿Qué avances consiguió en el ordenamiento del transporte público?, ¿Cuántas unidades fueron inspeccionadas?, ¿Cuántas concesiones irregulares fueron detectadas?, ¿Cuántos vehículos dejaron de circular por representar un riesgo para los pasajeros?, ¿Qué resultados obtuvo en capacitación de conductores, modernización del padrón, seguridad vial, atención de quejas y vigilancia de las unidades?, en distintos municipios de Michoacán todavía pueden observarse taxis, combis y otras unidades del transporte público con cristales polarizados u oscurecidos, el reglamento estatal en materia de transporte establece que los concesionarios deben abstenerse de utilizar cristales polarizados, salvo cuando hayan sido instalados originalmente por el fabricante, entonces, ¿quién vigila el cumplimiento de esta disposición?, los cristales polarizados no convierten automáticamente a un conductor en delincuente ni son, por sí solos, la causa de la violencia, sin embargo, dificultan la identificación de quienes viajan dentro de un vehículo, reducen la visibilidad durante las inspecciones y pueden facilitar el ocultamiento de armas, personas o actividades ilícitas, en una entidad afectada durante años por hechos violentos, permitir que unidades del servicio público circulen sin plena visibilidad no es un asunto meramente estético, es una falla de prevención y vigilancia, si el Instituto del Transporte carecía de personal, presupuesto o coordinación con las autoridades de seguridad, eso también debió informarse públicamente, pero lo que no resulta aceptable es ascender a un funcionario sin presentar primero un balance verificable de su gestión, un nombramiento no puede justificarse solamente con frases como “tiene experiencia” o “cuenta con trayectoria”, la trayectoria sin resultados medibles puede convertirse únicamente en permanencia dentro del gobierno, esta situación no es exclusiva de Michoacán, en Chiapas, varios municipios han padecido enfrentamientos, desplazamientos, violencia contra las mujeres y una percepción de inseguridad que ha golpeado al turismo, Ocosingo y otras regiones que anteriormente recibían visitantes con mayor tranquilidad hoy enfrentan dudas sobre la seguridad en carreteras y destinos turísticos, los datos oficiales de Chiapas registraron 21 feminicidios entre enero y septiembre de 2025, además, representantes del sector turístico han advertido que la inseguridad inhibe la llegada de visitantes, no se puede atribuir toda esta problemática a los cristales polarizados, pero sí debe preguntarse por qué se permite la circulación de vehículos que impiden identificar a sus ocupantes, qué controles existen para detectar personas armadas y qué coordinación mantienen las autoridades de transporte, seguridad y procuración de justicia, el turismo no se recupera solamente mediante campañas publicitarias, ningún promocional puede sustituir la seguridad en las carreteras, la vigilancia de las unidades, la protección de las mujeres y la confianza de las familias, cuando las autoridades toleran irregularidades visibles, el mensaje que recibe la población es que las normas existen únicamente en el papel, también debemos preguntar qué hacen los legisladores federales frente a estos problemas, es cierto que la supervisión cotidiana del transporte corresponde principalmente a autoridades estatales y municipales; sin embargo, el Congreso de la Unión puede revisar el marco general de movilidad y seguridad vial, vigilar el uso de recursos federales, llamar a comparecer a funcionarios federales y promover mecanismos nacionales de evaluación y coordinación, igualmente el Estado de México se encuentra algo abandonado, los alrededores del municipio de Jiquipilco ha crecido la delincuencia y ¿Qué ha hecho la legisladora federal de ese Distrito?, que presente iniciativas que ha propuesta y que evalúen su trabajo, de lo contrario, nada tiene que hacer ahí y estar cobrando un dinero que no se merece, vividores holgazanes que viven del erario, deberían evaluar su trabajo como diputada federal desde que inició “labores” como diputada federal, de lo contrario, fuera debería estar porque honestamente los diputados federales plurinominales no representan a nadie y a nadie les rinden cuentas, Encarnación de Díaz, mejor conocido como “la Chona” también ha crecido considerablemente la inseguridad y la plurinominal se ve que tampoco ha hecho nada al respecto, de lo contrario, que demuestren su trabajo no con mentiras ni falsos argumentos con palabras ante medios de comunicación falsos que ni licenciados en Ciencias de la Comunicación son, son medios amarillistas que más bien parecen mercenarios cobrando dinero por las notas que saquen de los funcionarios y diputados que no demuestran trabajo de campo, y hoy quieren ser presidentes de su pueblo, son una verdadera vergüenza que se haya puesto a gente nefasta e inútil y de paso burros como legisladores plurinominales, pagar a toda esa bola de holgazanes es tirar muchísimo dinero a la basura siendo que hace falta para materias de la educación, salud y vivienda, de la seguridad no es necesario invertir porque seguimos igual, el ciudadano tiene derecho a preguntar, ¿para qué mantener 200 diputaciones plurinominales si una parte de quienes las ocupan no legisla, no fiscaliza y no representa efectivamente a la población?, pagar salarios, asesores, oficinas, viajes y prestaciones a legisladores improductivos sí puede convertirse en tirar el dinero público a la basura, no se trata de descalificar a todos por igual, sino de exigir que cada diputado demuestre qué iniciativas presentó, cuántas fueron aprobadas, cómo votó, qué recursos vigiló y qué beneficio concreto produjo para la sociedad, Gobernar no es repartir cargos, legislar no es cobrar una dieta, servir al país significa entregar resultados y rendir cuentas, mientras los nombramientos continúen realizándose sin evaluación, los ciudadanos seguiremos preguntando si los funcionarios ascienden por méritos comprobados o simplemente porque pertenecen al grupo político correcto.
