* La FGR compromete el retiro de retenes en Michoacán tras protestas y denuncias de extorsión del sector transporte.
Por Francisco Rivera Cruz
En un acuerdo clave para la seguridad logística del estado, la delegación de la Fiscalía General de la República (FGR) en Michoacán se comprometió a retirar los retenes carreteros señalados por el sector transporte como puntos de extorsión, intimidación e inseguridad.
La decisión fue comunicada tras una reunión encabezada por el delegado de la FGR en la entidad, Jaime del Río, y –vía telefónica– el titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Héctor Elizalde Mora, con líderes transportistas en Morelia, hasta donde llegaron en caravana.
La mesa de diálogo se concretó luego de que una movilización de tractocamiones partiera de puntos estratégicos como el Puerto de Lázaro Cárdenas, Apatzingán y Uruapan para manifestarse frente a la delegación de la FGR.
Dirigidos por Alfonso Ochoa Sánchez, delegado de Conatram en Michoacán; Alberto Varela Onofre, presidente de ATLAC: Carlos López Cuevas, líder de CROC Sección 91, y Melchor Cornelio Zavala, consejero nacional de Conatram, los transportistas cuestionaron la efectividad del Plan Michoacán al señalar que la actuación de los agentes perjudicaba directamente a los trabajadores.
Tras la exposición de motivos, se llegó a los acuerdos de desmantelamiento de puntos de revisión de las zonas de Panindícuaro y Taretan, este último señalado por generar afectaciones constantes y abusos de manera acelerada.
Se concretó la recuperación de un tractocamión retenido el fin de semana anterior, donde se exigían pagos por arrastre y sanciones injustificadas.
Además de mantener una mesa de trabajo nacional, para continuidad de los diálogos que permitan erradicar a nivel federal las prácticas denunciadas, proceso coordinado por Alfonso Ochoa.
Los representantes del transporte aclararon que su postura no es en contra de los controles de seguridad, sino contra los procedimientos arbitrarios adoptados por los elementos en carretera. Denunciaron que los agentes rompían los sellos fiscalizados de origen de las unidades que salían de recintos aduanales –códigos que por normativa y seguridad solo el SAT puede manipular e interpretar, y cuyo contenido ignora el propio operador–.
Al obligar a abrir los contenedores en plena carretera para fotografiar la mercancía y la documentación, las unidades quedaban expuestas a atracos posteriores. Además, en las denuncias presentadas ante instancias legales se asentó la retención de teléfonos celulares a los choferes, cobros de hasta 200 mil pesos, e intimidaciones directas mediante la captura de fotografías a las credenciales de los operadores bajo amagos de represalias.
Con el compromiso de retiro de estos puntos de revisión, los transportistas manifestaron su conformidad al considerar que la medida devuelve la certeza jurídica y la seguridad al traslado de mercancías en las carreteras del estado, buscando cambiar la percepción de temor hacia las corporaciones federales.
