Por Francisco Rivera Cruz
En vísperas de que la coalición Morena-PT-PVEM defina a su coordinador estatal que constituye al virtual candidato a la gubernatura, Raúl Morón Orozco concluyó en este puerto su gira de asambleas informativas. Sin embargo, el evento no destacó por el entusiasmo espontáneo, sino por el retraso de más de una hora, el condicionamiento a trabajadores y el uso explícito de la estructura sindical minera para llenar el recinto.
Aunque la convocatoria buscaba proyectar músculo político, la realidad al interior del Salón Minero reveló una logística basada en la presión.
Una convocatoria obligatoria evidenciada en mensajes de WhatsApp dirigidos a comisionados y subcomisionados, revela la orden del “Consejo Local de Vigilancia y Justicia” en la sección 271, para que trabajadores eventuales asistieran obligatoriamente a las 3:40 pm, advirtiendo que quienes laboraban en el segundo turno debían “justificar su inasistencia”.
A la vez, se “tiró línea” por el Ayuntamiento, cuando la administración municipal de extracción morenista instruyó a sus empleados a acudir de ropa blanca y acompañados por al menos tres personas más, lo que explicó la presencia de menores de edad y niños en brazos para abultar las cifras.
Y todavía miedo al vacío. El retraso de más de una hora respondió al nerviosismo de los organizadores y autoridades locales ante la dificultad para igualar las convocatorias que en ese mismo recinto lograron perfiles como Carlos Torres Piña y Grecia Quiroz.
Lo que pretendía ser un cierre de filas transformador terminó evidenciando el uso de prácticas del pasado: el pase de lista, la amenaza encubierta a trabajadores vulnerables (eventuales) y el acarreo familiar para tapar las grietas de una convocatoria que no prendió por sí sola.
Con todo y que la ciudad michoacana es presumida “cuna y bastión” de la izquierda, además de ocurrir con presencia y convocatoria de cuatro diputados –entre ellos, Reyes Galindo, Rosalinda Savala e Itzé Camacho–, y los vigilantes funcionarios municipales.
