ORDENAN A RENTAS APLICAR MULTA ECONÓMICA A TODO EL CABILDO

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Además de que el ayuntamiento está obligado a cubrir más de un millón de pesos a un constructor, que les ganó un juicio en el Tribunal de Justicia Administrativa del estado, el acalde y regidores del actual cabildo, deberán pagar una multa económica cada una de ellos, cercana a los 9 mil pesos.

El actual cabildo no sale de un problema cuando ya está metido en otro, por negarse sistemáticamente a cumplir laudos que ha perdido, por reclamo, en este caso de un contratista, por más de un millón de pesos. Al paso que va, quien gane las elecciones, recibirá un ayuntamiento en bancarrota y obligado a pagar laudos, so pena de ser destituidos.

 

Por Rafael Rivera Millán

Por negarse a cumplir un laudo del Tribunal de Justicia Administrativa, en el que se condena a la administración municipal a pagar más de un millón de pesos a un contratista, que les ganó el juicio respectivo, todos los integrantes del cabildo de Lázaro Cárdenas, presidente, y regidores, además de cumplir el laudo, tendrán que pagar casi 9 mil pesos de multa cada uno.

Lo anterior se desprende del acuerdo recaído en el expediente 232/2018 de juicio de amparo que se tramita en el Juzgado Sexto de Distrito con sede en Uruapan, en cuyo auto de fecha 17 de mayo y publicado al día siguiente en los estrados de ese juzgado y en la página de internet de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación, donde se ordena a los quejosos (cabildo) dar cumplimiento a algo que se le olvidó hacer a su abogado, César López Alemán.

Cabe señalar que la Administración de Rentas del gobierno del estado en este lugar, a cargo del contador Héctor Rafael Aguilar Ochoa, designó a su notificador Jesús Augusto Bustamante, para apersonarse ante todos los integrantes del cabildo porteño, compuesto por Armando Carrillo Barragán, Héctor Gómez Barajas, Guillermo López Villalobos, María Ventura García Aguilera, Rosalía Magaña León, Marco Antonio Rodríguez Santillán, Raúl Jacobo Pedraza, Ana Elsa Ramos Lamas, Artemio Yáñez Núñez, Jorge Alberto Treviño Cárdenas, María Guadalupe Díaz Hernández y María Judith Carrillo Chacón, en cuanto a presidente el primero y los demás como regidores, para exigirle el pago individual, de casi nueve mil pesos a cada uno de ellos, por concepto de multa administrativa, ordenada por el Magistrado de la Primera Ponencia del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, por negarse a cumplir el laudo que ordenó el pago a un constructor y que suma más de un millón de pesos.

Contra esta notificación, el alcalde y los regidores mencionados, solicitaron la protección y amparo de la Justicia Federal, pro según se desprende del acuerdo del 17 de mayo en curso, se previene al promovente para que en el término de cinco días, computados a partir de la fecha de la notificación de dicho acuerdo, bajo protesta de decir verdad y con copia para las partes, aclare su demanda e indique lo siguiente: En el escrito inicial de demanda, se advierte que la parte quejosa en el capítulo relativo a los conceptos de violación, vierte manifestaciones en las cuales ataca la ilegalidad del acta de notificación practicada por Jesús Augusto Bustamante, “Ejecutor designado por el Administrador de Rentas de Lázaro Cárdenas”, sin que dicho funcionario haya sido señalado como autoridad responsable.

Por tanto dice el acuerdo, se le previene para que manifieste si también lo señala como tal. Apercibida que en caso de no hacerlo, se tramitará su demanda en la forma planteada inicialmente.

Así, se han ido acumulando laudos perdidos por la actual administración municipal y que se ha negado a pagar, aduciendo que con ellos no fue el problema, como si se tratara de un asunto personal y no de instituciones, señalan algunas personas que saben de estas cuestiones, quienes dicen que la próxima administración municipal, quien la gane, recibirá un ayuntamiento en bancarrota, y con la obligación de pagar esos laudos, o de lo contrario, se verán en serios problemas judiciales, que desencadenarían en el mejor de los casos, en su separación del cargo, por desacato a un mandado judicial, que si bien no será uno o más asuntos que les haya tocado enfrentar, pero es la institución a la que aspiran representar y a la que se está condenando a cumplir.