Hasta el momento nada se ha informado de manera oficial, sobre los laudos y sentencias de amparo que tiene que cumplir el gobierno en turno, son pena de sufrir severas sanciones.
Por Rafael Rivera Millán
A partir de mañana martes, por cierto, el día acordado por el Cabildo para que el alcalde Armando Carrillo Barragán rinda a la ciudadanía del municipio su tercer y último informe de gobierno, a la actual administración municipal de mayoría priista, solamente le restarán 32 días para concluir el periodo constitucional 2015-2018, y lo hará en medio de la opacidad que la ha caracterizado.
De acuerdo al artículo 35 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Michoacán de Ocampo, instrumento jurídico que es de orden público y de observancias general, señalo la obligación que tiene la autoridad municipal de transparentar su actuación y dar a conocer a la población en general, todo lo relacionado con la administración.
Dicho a artículo, en su fracción XXXV dice claramente que entre otras cosas, se deben publicar “Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio”, lo que quiere decir, según abogados litigantes en materia civil y laboral, consultados por este diario, la actual administración municipal ha incumplido con su obligación de publicar en sus medios electrónicos oficiales, la información de todos los juicios civiles, mercantiles o laborales en los que el gobierno en turno se ha visto inmiscuido.
De manera extraoficial, y aquí lo hemos documentado, son varios juicios laborales, mercantiles, civiles, administrativos, amparos contra DAP, entre otros, los promovidos por ArcelorMittal, Pemex (ahora fertinal) o de particulares, cuyo asunto se ha hecho del conocimiento en diversas sesiones de cabildo, donde la autoridad judicial o administrativa, ordena al gobierno en turno, cubrir tal o cual cantidad de dinero, so pena de recibir severas sanciones.
Así se ha tenido conocimiento que el ayuntamiento local, como institución, ha sido condenado a cubrir cientos, miles y hasta millones de pesos a quienes lo han demandado, sin que de manera oficial, la administración que encabeza el controvertido alcalde Carrillo Barragán, haya hecho pública esta información, como está obligado hacerlo por la citada ley.
