Por Rafael Rivera Millán
A menos de una semana de haber iniciado labores, la nueva administración municipal tiene ya un primer problema judicial, que no es responsabilidad del nuevo gobierno, pero como ayuntamiento debe afrontarlo y resolverlo, para no caer en desacato judicial, que trae consigo además de fuertes multas económicas hasta en el caso extremo hasta la destitución de funcionarios de elección popular y su consignación judicial, según sea la gravedad del asunto.
Ayer, al término de la sesión de cabildo donde el Órgano de Gobierno ratificó la lista de integrantes de la Comisión de Recepción de la administración municipal, el síndico municipal Miguel Ángel Peraldí Sotelo, se disculpó por llegar tarde a la sesión, indicando que como representante del ayuntamiento tuvo que atender a un actuario que le vino a notificar el embargo, no dijo de qué, pero extraoficialmente se conoció que de alguna cuenta bancaria.
Solo expresó que se trataba de una deuda que tenía que ver con la anterior administración que encabezó Armando Carrillo Barragán, pero que como institución el nuevo gobierno municipal tenía que afrontarlo “y ya ven como son estos asuntos de las notificaciones, tiene uno que disponer del tiempo necesario que requiera el actuario para notificar, y por eso llegué tarde”, apuntó.
De manera extraoficial se conoció que se trata del reclamo de un pago de más de un millón de pesos al ayuntamiento local, aunque de momento se negaron a proporcionar mayores datos a este reportero, solo que se había notificado el embargo de una cuenta bancaria del gobierno municipal para garantizar dicho pago, aunque no se sabe qué es lo que vaya a contestar la nueva administración.
Cabe recordar que durante el anterior gobierno municipal, en más de una ocasión, tanto actuarios del Tribunal de Justicia Administrativa como de Juzgados de Distrito del estado, notificaron en más de una ocasión al ayuntamiento que presidía Armando Carrillo Barragán, sentencias donde se condenó al gobierno a cubrir pagos diversos por varios millones de pesos, y donde uno de los casos más sonados fue de la Constructora o Construcciones Ochoa, propiedad por cierto de un diputado local, donde se tuvo que llegar casi a la destitución del alcalde y del Órgano de Gobierno, porque se negaban a pagar, algo que decía, como en el reciente caso, no era de su actuación, pero finalmente se tuvo que pagar casi el triple de la deuda inicial, para detener la acción de destitución que pesaba ya en contra de Carrillo Barragán, Regidores y Tesorero.
