* El Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no reconoció la personalidad jurídica de los abogados impuestos al Cabildo en fecha reciente por la alcaldesa Itzé Camacho Zapian.
Por Rafael Rivera Millán
Luego de la primera audiencia de advenimiento que sostuvo el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas con la representación legal que envió la actual administración municipal al Tribunal de Conciliación y Arbitraje para iniciar las pláticas conciliatorias para evitar la huelga con motivo de la revisión contractual 2019 de los 625 afiliados al gremio que dirige Humberto Soberano Ramírez, su resultado fue infructuoso, debido a que los abogados que fueron por parte del gobierno municipal, no llevaban la representación legal que contempla la Ley Orgánica Municipal.
Lo anterior fue informado por el líder sindical quien añadió que fue el propio Tribunal de Conciliación y Arbitraje quien determinó que la audiencia carecía de validez, debido a que los abogados que comparecieron ante el Tribunal carecían de la representación legal que marca la Ley Orgánica Municipal, esto es, que no llevaban el poder que les debió otorgar el síndico municipal, en este caso, Miguel Ángel Peraldí Sotelo, y que fueron según el dirigente sindical, sin dar sus nombres, parte de los abogados que la alcaldesa propuso al cabildo hace unas semanas, para sustituir a los que desde septiembre pasado tenían la representación legal bien otorgada.
Al preguntarle qué significado tenía eso para el sindicato, Soberano Ramírez precisó que aunque era bueno, de cualquier manera no se llegó a ningún acuerdo porque los representantes del municipio no llevaban el poder que debió otorgarles el síndico municipal, por lo que esperan poder platicar aquí en forma directa con la alcaldesa, si es que ella dispone del tiempo necesario para revisar todo el clausulado de las Condiciones Generales de Trabajo que rigen al sindicato y al gobierno municipal, teniendo como fecha límite hasta el día último de este mes de marzo, de lo contrario a las dos de la tarde del primero de abril se estarían colocando las banderas rojinegras de huelga en todas las instalaciones del ayuntamiento porteño.
O bien si la alcaldesa prefiere que las pláticas se lleven a cabo ante el Tribunal, deben de enviar apuntó Soberano Ramírez, a los abogados legalmente autorizados conforme lo marca la Ley Orgánica Municipal, esto es, con poder otorgado por el síndico municipal.
Rechazó que como se ha dicho, el trasfondo de esta revisión contractual tenga que ver con la sindicalización de 163 nuevos trabajadores, ya que eso dijo, quedó acordado por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje desde el año pasado y la autoridad municipal ha dicho que este año le dará para adelante.
Lo primordial recalcó, es el incremento salarial del 10 por ciento acordado por la asamblea de trabajadores así como la revisión de infinidad de cláusulas de las Condiciones Generales de Trabajo, que tienen que ver con las despensas, premio de asistencia, fondo de ahorro, primas vacacionales y algunos artículos administrativos que deben ser modificados.
Dejó en claro también que todos los adeudos que el gobierno municipal tiene con el sindicato, son de la actual administración que entró en funciones el pasado primero de septiembre, que tienen que ver con la dotación de ropa y calzado para todos los agremiados y sobre todo, las liquidaciones del programa de retiro voluntario de unos 80 trabajadores, que es también por lo que se emplazó a huelga, ya que apenas se ha cumplido el compromiso con 3 trabajadores, por lo que aún cuando se otorgara un aumento salario que satisfaga a los sindicalizados, se estaría estallando la huelga por la falta de esas liquidaciones.
Finalmente dijo que el sindicato siempre le estará apostado a que las cosas se resuelvan por medio de la vía del diálogo, pero que si no hay de otra, se recurrirá al derecho que tienen de estallar el movimiento salarial, aclarando que no por ser él ahora un militante de Morena al igual que la alcaldesa Camacho Zapiain va a aceptar algo a espaldas de la base trabajadora. “La defensa de los derechos laborales de los trabajadores no tiene ni debe tener ningún color partidista, no porque un servidor y la alcaldesa seamos de un mismo partido, voy a ser condescendiente a lo que me pida, y que sea contrario a mis representados, mi obligación es velar por sus intereses sin fijarse en tintes partidistas”, concluyó.
