Por Francisco Rivera Cruz
La oferta económica presentada por el Ayuntamiento y aceptada por los trabajadores sindicalizados, aunque evitó la huelga y consecuente impacto en los servicios, violenta la ley y originará hueco a las finanzas municipales.
Se calcula que el paquete ofrecido a los 630 trabajadores sindicalizados representa el 7 por ciento de aumento a prestaciones, pues de ello, directo al tabulador salarial, es un 5%.
Sin embargo, el gobierno actual de origen morenista, presupuestó sólo un 3 por ciento al salario de los sindicalizados, y al ceder mayores ingresos le significará faltar a la Ley de Disciplina Financiera de Estados y Municipios.
El que parecía inevitable movimiento de huelga, orilló a la administración de Itzé Camacho a las 10 de la mañana -que se reunió por última vez con el Sindicato- a conceder un 1 por ciento más al salario y otras prestaciones, que un par de horas después el gremio tomó como satisfactorias.
Empero, el ofrecimiento, significa para el gobierno municipal salirse de su propia presupuestación y caer en violación a la Ley de Disciplina Fiscal de Estados y Municipios, de acuerdo a fuentes fiscales consultadas.
La propia alcaldesa, el jueves de la semana pasada puntualizó que con el 3% que se le ofrecía a ese momento a los 630 trabajadores sindicalizados, elevaba lo presupuestado por su gobierno unos 5 millones 610 mil pesos. La suma entonces fue considerable si al final concedió 2 puntos más, de la estimación.
Cabe indicar que ante el hecho de que la Junta de Conciliación y Arbitraje no reconocía personería legal al personal que el Ayuntamiento pretendió hacer su defensa, se manejó la posibilidad de regresar poder al síndico Miguel Ángel Peraldí Sotelo, para que pudiera hacer la defensa legal y reconocida, en caso de que estallara la huelga.
Sin embargo, simultáneo a que los regidores sesionaban para abordar el tema, el Sindicato decidía no ir la huelga, por lo que el regreso de derechos al síndico municipal no aterrizó.
Se comentaba que tres de los doce regidores decidieron ausentarse para no comprometer su voto a favor o en contra de la alcaldesa, en su pugna con el síndico, pero no fue necesario someter el tema a votación y apenas sí a una discusión que quedaba sujeta a un receso mientras el Sindicato depositaba ante la autoridad laboral su decisión de conjurar huelga.
En la diferencia entre la alcaldesa Camacho Zapiain y el síndico municipal Peraldí Sotelo, como se recordará el cabildo por mayoría de votos semanas atrás, acordó a propuesta de la jefa de la comuna, designar nuevos abogados en lugar de los que en septiembre del año pasado estaban autorizados y a los cuales el síndico había otorgado poder notarial, como lo faculta la ley, para actuar en defensa de los intereses del municipio en cualquier tipo de juicios.
En la sesión que tuvo desarrollo al mediodía de ayer lunes, se trataría el tema, pero ante el trascendido de que se había aceptado la oferta patronal por la asamblea del Sindicato al Servicio del H. Ayuntamiento, el tema se pospuso por dos horas, al cabo se decidió que las cosas seguirían igual.
Es de apuntar que el síndico Peraldí Sotelo ha recurrido al Tribunal Electoral del Estado de Michoacán para la reposición de sus derechos políticos para el cargo que fue electo, caso del que espera resolución a más tardar en mayo próximo.
