Dan ha lugar a iniciativa de Lucila Martínez para garantizar paridad de género

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Lucila Martínez Manríquez presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política, a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley Orgánica Municipal, todas del estado de Michoacán.

Los diputados integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales en la LXXIV Local, dieron ha lugar a la iniciativa presentada ante el Pleno en el Congreso del Estado, por la diputada Lucila Martínez Manríquez la cual tiene como finalidad el incorporar el principio de igualdad de género en las designaciones que haga el gobernador, los municipios, de los funcionarios de su gabinete.

Dicha propuesta no previste contradicciones con las avaladas por el Congreso de la Unión y que con la presentada en el Congreso del Estado se atendería con los parámetros de la reforma constitucional a nivel federal en materia de paridad de género.

Como se recordará  con el objetivo de garantizar desde la Ley, que en la integración de los gabinetes de gobierno se asegure la perspectiva de género, la diputada Lucila Martínez Manríquez presentó una iniciativa de reformas a la Constitución Política, a la Ley Orgánica de la Administración Pública y a la Ley Orgánica Municipal, todas del estado de Michoacán.

Lucila Martínez celebró que los diputados de la comisión le dieran el ha lugar, por lo que confía que a las comisiones que corresponda dictaminar lo hagan a la brevedad para avanzar en cristalizar los derechos de todos y la paridad sea efectiva en la entidad.

Expuso que la igualdad de género es un principio de derechos humanos, consagrado en nuestra Carta Magna que estipula que hombres y mujeres somos iguales ante la Ley, lo que significa que todas las personas tienen los mismos derechos y obligaciones frente al Estado y la sociedad en su conjunto, ante lo que se hace necesario estas reformas para garantizar la participación de todos.

Propone que, dentro de las atribuciones y facultades del Ejecutivo Estatal se establezca que pueda nombrar y remover libremente a los funcionarios y empleados de la administración pública estatal cuyo nombramiento y remoción no estén determinados de otro modo esta Constitución o en las leyes y que lo anterior se dará siempre procurando apegarse al principio de igualdad de género.

De igual forma, en el caso de los ayuntamientos michoacanos, los presidentes municipales deben garantizar la paridad de género en las propuestas de nombramientos y remociones del Secretario y Tesorero Municipales, se establece que se procure en su integración en apego al principio de igualdad de género, así como en la conformación de la estructura orgánica y en el caso de los nombramientos de los titulares.

Si bien se ha logrado avanzar en la defensa de los derechos de la mujer, Lucila Martínez reconoció que la discriminación contra la mujer sigue violando los principios de igualdad de derechos y del respeto a la dignidad humana, lo que dificulta su participación en la vida laboral, política y económica.

“Aunque se han consolidado grandes avances en la vida política y económica de nuestra sociedad para incluir a la mujer en la administración pública, en su mayoría ellas no dirigen los espacios de primer nivel, ocupando espacios en donde por lo general no se toman decisiones de impacto social, lo que nos hace pensar que sus nombramientos son sólo para llenar espacios y aparentar que la igualdad de género es un tema de prioridad en muchos gobiernos”.

Como se recordará recientemente el Senado de la República aprobó por unanimidad, el dictamen que reforma diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con el propósito de garantizar que haya paridad de género en los tres poderes de la Unión, en los órganos autónomos, y en los gobiernos estatales y municipales, tema en el que todos los congresos locales también deben continuar consolidando esfuerzos en favor de la mujer.En ese contexto, la importancia de que la propuesta de Lucila Martínez prospere en las comisiones que la dictaminaran, con lo que Michoacán estaría a la vanguardia legislativa en el tema de derechos humanos encaminado a la igualdad de género.