Por Francisco Rivera Cruz
El Comité de Agua Potable y Alcantarillado de Lázaro Cárdenas (Capalac) que vende agua potable y sospechosamente no lo es, además violenta derechos de los usuarios y la Ley de Aguas Nacionales y sus Reglamentos, según se quejan consumidores.
Reconocen adeudo con el organismo, pero expresan inconformidad porque corta y suspende el servicio cuando sólo debería limitarlo, acción con la cual les violenta el derecho al elemental líquido por ser básico para aseo y saneamiento sin el cual, se puede terminar afectando la salud pública.
“El problema se hace más grave si consideras que vamos saliendo de emergencia meteorológica, cuando más que nunca es indispensable para el buen saneamiento y evitar una emergencia sanitaria”, expresa uno de los quejosos.
Lamentó otro de los inconformes que se esté a expensas y caprichos de la autoridad municipal que preside la Junta de Gobierno del Capalac y del mismo sistema, ya que no puede suspender el servicio, y sin embargo lo ha hecho ante averías en la red, tanques o plantas.
“De hecho, es ilegal el corte, y en casos de imprevistos por las condiciones y el añejo sistema, que sufre socavones, cortes de energía, ruptura de tubería y otros, debe reponer el servicio, pero no ocurre para quienes hayan pagado anualidad o estén al corriente”.
Entrados en tema, cuestionan si la autoridad sanitaria vigila la calidad sanitaria del agua que se recibe en domicilios y comercios, mientras patentizan su desconfianza, de que “siquiera esté clorada”.
El 28 de julio de 2010, a través de la Resolución 64/292, la Asamblea General de la ONU reconoció explícitamente el derecho humano al agua y al saneamiento, reafirmando que un agua potable limpia y el saneamiento son esenciales para la realización de todos los derechos humanos. “México adoptó tal resolución y Capalac no puede estar por encima de acuerdos y resoluciones”, se argumentó.
Este medio de comunicación conoció que el tema de cortes o suspensiones de agua por el Comité de Agua, fue llevado esta semana al seno de la Mesa para la Construcción de Paz, que en el marco del Plan de Seguridad se impulsa con la participación de las secretarías de Marina (Semar) y de la Defensa Nacional (Sedena), y donde participan varias autoridades.