* Ayuntamiento de LC entre desacato a la ley e incumplimiento fiscal: ArcelorMittal.
Por Francisco Rivera Cruz
Para Jorge Dillon Caballero, Director de Relaciones Gubernamentales de ArcelorMittal México, el gobierno municipal de Lázaro Cárdenas oscila entre el desacato a una decisión judicial y un posible delito fiscal al no emitir comprobante de pago de contribuciones.
En entrevista con el Noticiario Gente del Balsas, en su edición de ayer lunes 27 de julio, a la pregunta sobre si se solicitará la destitución de los funcionarios municipales, estableció que el amparo sigue su curso, y es ante juzgados donde deberán rendir cuentas los que ordenaron y ejecutaron esta clausura.
“Este asunto ya está en marcha y la vía legal, la autoridad está haciendo oficios”, respondió a si se ofrecerá diálogo hasta que la autoridad judicial resuelva.
Puntualizó el directivo que siempre ha habido disposición al diálogo por parte de ArcelorMittal, sin embargo, debe ser sobre el marco fiscal federal y del estado de Michoacán, “en lo que marca el código y no en supuestos”.
En el reclamo de mayor pago de Predial, que es el centro de señalamientos, como se comprobó en la conferencia de la alcaldesa Itzé Camacho de este lunes, nosotros no podemos dialogar sobre supuestos que no se fundamentan en esta normatividad, y para lo cual, hasta el momento no han ofrecido los argumentos, aseveró el entrevistado.
Hasta el momento, dijo Dillon Caballero, el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas no ha fijado un crédito fiscal o un argumento por escrito de la situación, olvidando que ningún acto de la autoridad puede tomarse si no se notifica conforme a la legislación ni en los tiempos.
Pero el gobierno local habla de todo un expediente y plazo de siete meses para proceder a la clausura, se le recordó al funcionario, a lo que afirmó no existe procedimiento administrativo alguno, “si lo hubiera ya hubiéramos promovido los medios correspondientes”.
Abundó que el reglamento que ordena contar con la licencia, está siendo revisado por la Quinta Juez de Distrito del estado de Michoacán, que emitió una resolución constitucional para que la administración municipal no actuara en contra de Arcelor, hasta no tener un acuerdo en este tema.
Hay desacato de la autoridad municipal a una autoridad judicial, se cuestiona a Jorge Dillon y la rápida respuesta es: “Absolutamente, es un desacato a esta decisión provisional”.
A partir de ello, solicitará ArcelorMittal la destitución de funcionarios, se le interroga, y sostiene que el amparo sigue su curso, por lo que ahora la autoridad local estará sujetada a rendir informe a una autoridad federal por estas actuaciones, “nosotros, como empresa, tenemos obligación legal de dar parte a la autoridad de la violación a sus mandatos”.
Por lo pronto, añadió, es ante juzgados donde deberán rendir cuentas los que ordenaron y ejecutaron la clausura parcial de instalaciones el pasado jueves 23 de julio.
Estableció que todo el proceso para la obtención de la licencia ha estado lleno de irregularidades, y si un juez falló inconstitucional el reglamento y requerimiento, es porque se cree se está utilizando para fines muy distintos a la licencia, llevando el tema a un cobro ilegal de predial que ha pretendido el Ayuntamiento por más de 100 millones de pesos, aplicando retroactividad. “Lo cual, obviamente, es ilegal”, expresó.
Sobre las consideraciones al tema de la clausura, por las cuales se mantiene elementos de seguridad municipal en las puertas de la siderúrgica, Dillon dijo que no podía compartir la opinión del corporativo, pero sí la de ArcelorMittal México “que estamos sorprendidos de la actitud asumida por esta administración municipal”.
Sobre las declaraciones de horas antes, del tesorero municipal, quien dijo que Arcelor tiene cubierto primer y segundo bimestre de su contribución catastral, y hay un depósito más de 4 millones que no se puede tomar como otro periodo, el Director de Relaciones Gubernamentales de ArcelorMittal México advirtió que cabe la figura de delito fiscal por el gobierno que encabeza Camacho Zapiain.
Se han efectuado tres pagos bimestrales por la misma suma, y sólo de los dos primeros se ha dado comprobante, y el tercero no se emitido a pesar de solicitud por escrito, dijo.
Mencionó que la no emisión de un comprobante fiscal después de 72 horas de un pago, constituye un delito fiscal, y el tercer pago se realizó el 30 de junio, hace casi un mes, sin haberse expedido ningún comprobante, cuando se sabe perfectamente de qué se trata no sólo por el monto sino por la solicitud expresa hecha llegar.
Al concluir, se le preguntó al directivo qué espera ArcelorMittal, apuntando “que impere la ley y el estado de derecho”.
Manifestó buena disposición de la productora de aceros de mantener una oferta de diálogo hacia el Gobierno Municipal, “teniendo cierto que seguiremos siendo aliados para el Gobierno y comunidad de Lázaro Cárdenas”.
