* Gobierno de Itzé tiene procesos en Fiscalía Anticorrupción y ASM, además de observación en el Congreso.
Por Francisco Rivera Cruz
Gobernar es complejo, no sólo pagar nómina, dar órdenes y hacer obra, hay que seguir ordenamientos, lineamientos, respetar la ley de fiscalización, la Ley Orgánica Municipal, la Ley de Contabilidad y Gasto Público, entre al menos otras diez leyes de orden municipal.
Al gobierno de Lázaro Cárdenas, en esta administración, se le siguen procesos en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y la Auditoría Superior de Michoacán, mientras ante el Congreso del Estado hay una observación de deslinde de las acciones de la alcaldesa María Itzé Camacho.
Además de procesos en los organismos creados para fiscalizar, en el Congreso se presentó notificación en el sentido de que la Subtesorera realiza actividades que el Cabildo no le ha autorizado, y de lo cual se deslinda la mayoría de los integrantes del Cabildo, de cualquier responsabilidad administrativa.
Lo anterior sale a tema por el síndico municipal Miguel Ángel Peraldí Sotelo, cuando se le pregunta si en el caso de la audiencia que le está dando la Auditoria Superior de Michoacán, la alcaldesa puede responder a través de un abogado, a lo que el funcionario responde que debe ser personal.
En todo caso y para responder al presunto desvío de 21 millones de pesos, en la audiencia 26 de abril, dijo, no puede mandar al contralor Santiago Magallón, porque, como le pasó antes, pueden iniciar otra denuncia, porque el señalado no es defensor de la administración sino de la sociedad, y se supone, del correcto manejo de recursos y bienes públicos.
Es entonces que señala que “la administración pública se ha convertido en tema técnico, y no se tiene idea por funcionarios de sus compromisos sociales; los regidores de las funciones y responsabilidad de votar en una sesión, por ejemplo, ahora que reprobamos la Cuenta Pública estamos libres de señalamientos”.
Agrega el abogado Peraldí, libres del mal manejo que se hizo de la cuenta pública, de los recursos públicos, donde aclaró que hay algo raro, sin embargo, “no estamos diciendo que exista algún delito”.
Hay un fideicomiso que se opera con fondos públicos que obliga a rendir periódicamente informes, pero ni siquiera se han informado, han preferido quedarse en el pasado, cuando no se rendían cuentas a nadie.
Y claro que hay responsabilidades, exclama el síndico, que expone que otro ejemplo de malas decisiones es el retiro para Lázaro Cárdenas del Fortaseg, un fondo para la seguridad que maneja el gobierno federal.
Son recursos que se perdieron por mal manejo, y aunque la autoridad haya declarado y exista quienes crean que es manejo político del estado, “es de origen federal, lo que sucede es que el gobierno municipal se restringió de un importante apoyo económico por incumplir con las reglas operativas del programa”.
Ante la situación que pasa esta administración municipal, concluyó Miguel Ángel Peraldí, cuando llegue la próxima administración, ojala los funcionarios, incluidos los regidores, tomen la capacitación que sobre la función pública ofrece la Auditoria Superior de Michoacán, porque desconocer ordenamientos no quita responsabilidades.
