SÍNDICO: DESPIERTA MUCHAS SOSPECHAS APROBACIÓN DE CUENTA 2020 REPROBADA

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El síndico Miguel Ángel Peraldí Sotelo, durante la entrevista en su despacho de palacio municipal, muestra facturas con presunto precio alterado de compra de patrullas. (Foto: Kike Rivera).

* Aprobar una Cuenta Pública reprobada prende focos rojos del sospechosismo, dice Miguel Ángel Peraldí.

Por Francisco Rivera Cruz

Para el síndico municipal Miguel Ángel Peraldí Sotelo, con la intención perseguida por más de cien días por el gobierno municipal de que le aprobaran una cuenta reprobada, “es obviamente, a todas luces pretender subsanar, pero lo que logra es prender los focos rojos del sospechosismo”.

Para mala jugada de la administración es la primera acción la que cuenta. Ya se entregó a la Auditoría Superior de Michoacán y al Congreso de Estado, ahora qué van a decir ¡ya me la aprobaron! Esta es la válida, cuestionó.

Es más sospechoso incluso que un regidor que había reprobado ahora apruebe, dijo en referencia a Jesús Mayoral Zamora.

Una revisión a la cuenta pública, ocurre más allá de dos años, lo que se logró con todo esto, es encender los focos rojos de todas las anomalías que ocurren en la administración municipal de Lázaro Cárdenas y muy probablemente adelantar el llamado a cuentas, consideró.

La ASM y el Congreso no van a tener por aprobada la Cuenta Pública 2020 porque la primera es la que vale y el Ayuntamiento no es autoridad competente para revocar sus propios acuerdos, expresó el abogado.

Firme, dijo que la Administración Municipal ha tenido algunos errores que están señalados en los momentos de aprobar las cuentas trimestrales y desde marzo pasado al reprobar la correspondiente al ejercicio fiscal 2020, “ahí están simplemente que a la ciudadana no le gusta que le señalen esos errores”.

Entrevistado en su despacho tras las dos sesiones extraordinarias de esta fecha, quien preside la Comisión de Hacienda, citó que curiosamente la mitad de los regidores de Morena reprobaron la Cuenta Pública 2020, el 5 de marzo y los de oposición la aprobaron.

Aclaró que la Cuenta Pública no se desaprobó como lo dijo la regidora Rosana Alonso por cuestiones políticas o administrativas, se reprobó, dijo, por inconsistencias en el manejo de las finanzas públicas.

¿Fueron ya subsanadas?, se le interrumpió, a lo cual dijo que no se tiene un documento que lo indique. Pero, además, ya no es tiempo, eso se hace antes de la sesión de aprobación de la Cuenta Pública.

Adentró que al final de cuentas, cuando el Congreso del Estado tenga una primera cuenta reprobada y otra aprobada del mismo año, van a entrar a análisis de razones de la aprobación.

Lamentó desmentir a quien aseguró en la sesión de Cabildo que han salido las auditorias de maravilla, “porque no es cierto. Como dijo el señor de arriba: ‘Yo tengo otros datos’; hay observaciones y bastantes”.

Para Peraldí Sotelo es intrascendente que se haya aprobado la Cuenta Pública porque la primera es la que vale. No se puede decir se da por presentada la nueva Cuenta Pública. “Está presentada y punto. En dos años, o tal vez menos, se estará discutiendo esta decisión”.

En su opinión hubiera sido mejor corregir errores de fondo en lo que se le observó y no en el papel.

Porque precisamente, el jueves fue notificado, informó, de dos demandas provenientes de la Sala Anticorrupción por actos de esta administración, “no estamos exentos de responsabilidad”, señalaba mientras sacaba de folder la documentación de los nuevos requerimientos.

“Piensan los regidores que saliendo de la administración ya se van para su casa. No, los cargos de las decisiones vienen dos, tres, cuatro años después”.

Comentó que la presidente municipal afirmó que el Fideicomiso 752 no es de las responsabilidades del Ayuntamiento, pero es un organismo paramunicipal como el Capalac. Se constituyó con bienes y recursos municipales y pertenece a la administración, aunque tal vez se quiera pasar por alto que se le facilitaron 102 millones de pesos y que de 2020 reporta pérdidas de 13 o 14 millones de pesos.

Las dudas de ese Fideicomiso, las ayudas sociales, manejo de obra pública y una compra facturada y vuelta a facturar de seis camionetas para Seguridad Pública, con una alteración de más de 800 mil pesos en conjunto, son de las muchas circunstancias para interrogar y que en su momento no tuvieron respuesta y por eso se desaprobó la cuenta, concluyó.