Es urgente un rediseño en las políticas públicas en materia de salud mental en Michoacán, que ofrezcan alternativas de solución a las problemáticas que vive día a día su población, donde lo mejor de la psicología se reconocido y fomentado para aplicarse en las comunidades locales con procesos interculturales, en libertad y apegados a los derechos humanos de las personas.
Es importante hacer notar que desde la psiquiatría no han podido ser adecuadamente atendidas, y por el contrario se han fomentado las violaciones de los derechos humanos, la tortura, los malos tratos o degradantes, afectando la vida de miles de personas.
Pese a que en países desarrollados, tal y como recomienda la Organización Mundial de la Salud, se trabaja para brindar atención de salud mental de calidad a la población, en la entidad continúa la aplicación de políticas de psiquiatrización y medicalización de la subjetividad humana, que en ocasiones representa una violación a los derechos y abusos.
Por ello, en la Asociación Mexicana de Psicología y Desarrollo Comunitario (que cuenta con cerca de 2 mil psicólogos en México y Estados Unidos, y brinda atención en los 113 municipios de Michoacán, consideramos urgente una transición mucho más rápida hacia unos servicios de salud mental rediseñados, donde la psicología tenga su espacio no medicalizado y erradicando prácticas obsoletas de atención a la salud mental, que no han ofrecido resultados.
La mayor parte de los pírricos presupuestos públicos de salud mental en Michoacán se siguen destinando al Hospital Psiquiátrico, desoyendo las orientaciones técnicas internacionales en salud mental. Cabe recordar que desde los años 80, en la entidad han existido 3 Centros de Salud Mental, dirigidos por psiquiatras, y que han cerrado sus puertas, tal como ocurrió con el Centro Michoacano de Salud Mental (CEMISAM).
Erradicar la discriminación requiere que las políticas públicas sean discutidas, analizadas y pensadas de manera colegiada, no solo a la medida de los psiquiatras en turno, por lo que se requiere abrir las políticas públicas en materia de salud mental a la discusión de las asociaciones de pacientes, de profesionales y con expertos en el tema.
