El poder de las palabras, el lenguaje jurídico también protege derechos
Por Lic. Julio César Zamudio
Director Corporativo Mercadotecnia de México
El Derecho evoluciona al mismo ritmo que la sociedad, lo que hace algunas décadas parecía una simple costumbre lingüística, hoy es objeto de un profundo análisis constitucional y de derechos humanos, uno de los ejemplos más recientes en México es la recomendación jurisprudencial de abandonar el uso del término “menores” para referirse a niñas, niños y adolescentes, privilegiando expresiones que reconozcan plenamente su condición como personas titulares de derechos, A primera vista, podría parecer un cambio meramente semántico, sin embargo, detrás de esta modificación existe una reflexión jurídica mucho más profunda, el lenguaje no solamente comunica ideas, también construye realidades, influye en la percepción social y refleja la forma en que el Estado reconoce la dignidad de las personas, de hecho, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 1° establece el principio de igualdad y prohíbe toda forma de discriminación que atente contra la dignidad humana, por su parte, el artículo 4° reconoce el principio del interés superior de la niñez, imponiendo al Estado la obligación de garantizar de manera plena los derechos de niñas, niños y adolescentes, a ello se suma la Convención sobre los Derechos del Niño, tratado internacional del que México forma parte desde 1990, la cual reconoce que toda persona menor de dieciocho años es sujeto pleno de derechos y merece una protección especial por parte del Estado, la familia y la sociedad, Desde esta perspectiva, la evolución del lenguaje jurídico no constituye un simple cambio de palabras, sino un esfuerzo por armonizar la terminología utilizada por jueces, autoridades, abogados y servidores públicos con el modelo constitucional de derechos humanos que nuestro país adoptó de manera más robusta tras la reforma constitucional de 2011, durante muchos años fue común escuchar expresiones como “los menores”, “los menores infractores” o “los derechos de los menores”, sin embargo, diversos especialistas han señalado que dicha expresión puede centrar la atención únicamente en la edad o en una condición de subordinación, dejando en un segundo plano la calidad de persona y de titular de derechos, por ello, actualmente se privilegia hablar de “niñas, niños y adolescentes” o, cuando el contexto jurídico así lo requiere, de “personas menores de edad”, estas expresiones colocan en primer término a la persona, respetando su dignidad y evitando etiquetas que puedan resultar reduccionistas.
Ahora bien, también es importante precisar que este cambio de lenguaje, por sí solo, no resolverá los grandes problemas que enfrenta la niñez mexicana, hay demasiada explotación laboral de los propios padres hacia los hijos e hijas, no contando que en el Estado de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Veracruz, Estado de México y otras entidades aún siguen vendiendo los indígenas a sus hijas y ellos mismos arreglan bodas con personas adultas que le hacen mucho daño a las niñas, lo que hoy los indígenas practican se llama TRATA DE PERSONAS y eso, es un delito grave que se castiga con pena privativa de la libertad, el cual, debe ser perseguido, combatido y sancionado, los padres indígenas de todo México se escudan bajo el pretexto de sus autollamados “usos y costumbres”, los padres no son dueños de sus hijos e hijas, únicamente son padres, pero en la mayoría de las situaciones mencionadas les conviene actuar como unos ignorantes para consumir sus actos de venta de niñas para bodas arregladas que hoy en día se sigue practicando, hoy en día los diputados federales y locales de las entidades mencionadas no hacen absolutamente nada por crear más iniciativas y endurecer las penas contra quien lleve a cabo bodas arregladas, y eso, es debido a que los legisladores solo son un puñado de ignorantes que no saben hacer iniciativas por su ridícula escasez de estudios académicos, incluyendo plurinominales, diputadas que no trabajen en esto que se regresen a sus pueblos a hacer lo que saben hacer, nada, unas a vender pan, otras a dar clases de la CONAFE, otras a seguir levantando pesas y dar vergüenza, porque legislar, no saben, diputados de Chiapas que dicen defender los derechos de los indígenas es una falsedad, aun con ello, hoy en día tienen el sueño de ser presidentes municipales para seguir viviendo como unos holgazanes del erario, así mismo, nuestro país continúa registrando casos preocupantes de violencia familiar, trabajo infantil, abandono escolar, explotación, reclutamiento por grupos delictivos, desapariciones y diversas formas de abuso contra niñas, niños y adolescentes, en consecuencia, la verdadera protección de sus derechos exige mucho más que modificar la terminología utilizada en documentos oficiales, se requieren instituciones sólidas, políticas públicas eficaces, presupuestos suficientes, acceso real a la educación, servicios de salud de calidad, seguridad pública y una impartición de justicia pronta y efectiva y dejar de monopolizar los servicios, El lenguaje incluyente y respetuoso representa un avance importante, pero debe ir acompañado de acciones concretas que permitan garantizar, en los hechos, el ejercicio pleno de los derechos de la infancia, como abogado considero que el Derecho debe evolucionar constantemente para responder a las nuevas exigencias sociales, sin embargo, también debemos evitar que las reformas se queden únicamente en cambios discursivos, la ciudadanía espera resultados tangibles que mejoren la vida de las personas, especialmente de quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad, las palabras importan porque reflejan nuestra manera de entender la justicia, no obstante, la verdadera grandeza del Estado de Derecho se demuestra cuando esos principios se traducen en decisiones, políticas públicas y sentencias que realmente protejan a quienes más lo necesitan, la evolución del lenguaje jurídico representa un paso hacia una justicia más humana, el siguiente desafío consiste en que esa evolución también se refleje en la realidad cotidiana de millones de niñas, niños y adolescentes mexicanos, porque respetar sus derechos comienza por la manera en que los nombramos, pero únicamente se consolida cuando el Estado, la sociedad y la familia hacen efectivos esos derechos en cada etapa de su vida.
