Por Andrés Resillas/Primera Parte
En los últimos cinco años más de 400 funcionarios públicos del estado han sido sancionados con diversas penas, por haber incurrido en corrupción y delitos de diversa gravedad; las faltas van desde simples omisiones administrativas hasta abuso sexual, cohecho, extorsión y robo de dinero.
Gracias a una solicitud de acceso a la información ante la Contraloría del Estado la Revista Búsqueda obtuvo el nombre y motivos de las sanciones aplicadas a estos servidores públicos que defraudaron la confianza de los ciudadanos michoacanos.
En esta primera entrega, informamos de los casos más graves. Aquellos funcionarios sancionados con más años de inhabilitación y que todavía está vigente la sanción, así como la causa del procedimiento en su contra.
Actualmente estas son las personas que no pueden ocupar un cargo público:
1.- Desiderio Camacho Garibo, ex secretario de Comunicaciones y obras Públicas, y padre de la actual alcaldesa por Morena en el municipio de Lázaro Cárdenas, quien fue inhabilitado por seis años en el cargo, sanción que culmina en el 2024 porque “No vigiló el cumplimiento del contrato de obra pública número SCOP/DOP/45001002-007-2011/C-008/2011, de la obra «Parques Tecnológicos Agroindustriales (centro logístico tierra caliente Parácuaro) infraestructura básica», ya que autorizó el pago de las facturas números 1765, 1766, 1770, 1771, 1793. 1792, por concepto del pago de estimaciones 1, 1 bis, 2, 2bis, 3 y 3 bis, no obstante que contemplaron conceptos de obra no ejecutados, causando un daño económico al erario del estado por la cantidad de $7´528,095.72. También este funcionario tuvo que reintegrar la cantidad de un millón 254 mil pesos al erario. Además de que enfrentó por la vía penal las consecuencias de su conducta como servidor público.
2.- Elías Miguel Meneses Nava, director del Hospital Regional de Lázaro Cárdenas, inhabilitado por seis años por no proporcionar una atención adecuada a una paciente con embarazo al presentársele complicaciones en el parto, mismas que no fueron resueltas de manera oportuna, debido a no contar con personal capacitado y apto para dar atención en el turno, lo que derivó en una negligencia médica. Su sanción termina en el 2022.
3.- Pável Salvador Rincón, que laboraba como Jefe del Departamento de Supervisión de Obras en la Comisión Estatal de Aguas y Gestión de Cuencas; fue sancionado por la Contraloría con seis años de inhabilitación. El documento establece que incurrió en violación a la normatividad presupuestal”. Su sanción concluye en 2021.
4.- Guadalupe Maciel Camacho, era subsecretaria en la Secretaría de Finanzas y Administración; fue sancionada en el 2016 con seis años de inhabilitación por la Contraloría por “negligencia administrativa/violación leyes y normatividad presupuestal”. Su sanción fenece en 2022 y fue obligada a reintegrar al erario tres millones 577 mil pesos.
5.- Miguel Carmona García, agente del Ministerio Público, fue inhabilitado seis años “por abuso de autoridad, ya que toda vez que de manera indebida encontrándose en las oficinas de la agencia a su cargo, observó una conducta inapropiada al no respetar la integridad física y sexual de dos menores de edad, abusando sexualmente de una y en otro hecho haber tocado indecentemente a otra menor de edad, con el pretexto de revisar las presuntas lesiones que presentaba. Además de no integrar debidamente dos averiguaciones previas penales originando con ello una falta de eficiencia y expedida impartición de justicia”. Además de los cargos penales, su inhabilitación termina en el 2022.
6.- Javier Hernández Contreras, Perito Médico Forense, inhabilitado seis años porque “no cumplió con las acciones procedentes para el debido manejo de los indicios o evidencias del hecho delictuoso; así como los instrumentos, objetos o productos del delito, dado que no realizó una debida preservación y procesamiento de la muestra hemática del cadáver del sexo masculino no identificado, entregado la misma en completo mal estado, toda vez que la muestra fue presentada sin rotulo del nombre del cadáver al que pertenecía, contenida en un tubo de ensaye sin tapa, derramada y tapada con un guante látex, así como un fragmento de tejido al parecer un pedazo de corazón en una bolsa de material sintético color blanco, sin datos de la averiguación previa penal, nombre e identificación”. Su sanción fenece en el año 2022.
7.- Armando Díaz Malpica, director de Programación y Presupuesto de la Secretaría de Finanzas, inhabilitado por seis debido a que subscribió documentos de ejecución presupuestaria para pagar servicios de diseño, desarrollo e implementación del sistema estatal de contabilidad armonizada, con la empresa AB CONSULTORIA Y SOLUCIONES ESTRATEGICAS SA DE CV a pesar que dicho sistema no cumple las especificaciones contratados ni se ha implementado en la Secretaría de Finanzas contratante- Además de que tuvo que reintegrar 3 y medio millones de pesos al erario. El castigo concluye en el 2022.
8.- Graciela Espinoza Ortiz, Director del Sistema de Información de la Secretaría de Finanzas, inhabilitada porque recibió parte de los entregables del Contrato de Prestación de Servicios celebrado entre el Ejecutivo del Estado de Michoacán de Ocampo, respecto del Sistema Estatal de Contabilidad Armonizada en Términos Devengables (SECAD), sin haber realizado una inspección o revisión respecto del sistema, y a pesar de que el mismo no cumplía con las especificaciones estipuladas en el contrato de prestación de servicios y no podía ser operado por la Secretaría de Finanzas y Administración, se realizó el pago por la suma estipulada en el contrato, omitiendo señalarse el funcionamiento inadecuado del sistema, lo que generó la falta de corrección de los errores del mismo, sin poder hacerse efectiva la obligación ante el proveedor.
9.- José Manuel Romero Navarro, director de la Comisión de Ferias, Exposiciones y Eventos del Gobierno del Estado, inhabilitado por tres años porque “derivado de la auditoria de la expoferia de la Expoferia 2012 no se encontró evidencia de 10,830 brazaletes. No procuró que el C. Ernesto Codemo desarrollara sus funciones como delegado administrativo de la Comisión de Ferias, ocasionado que dicho servidor cobrara $17,668.24 mensualmente, sin devengarlos. Dejó de observar la normatividad aplicable para adquisiciones directas en la compra de brazaletes. Celebró un contrato de comodatos sin tomar en consideración el objetivo de la Comisión de Ferias. Su sanción fenece en el 2020. El funcionario tuvo que reintegrar al erario 379 mil pesos.
10.- Rebeca Magaña Rico, Jefa de Oficina de la Secretaría de Turismo del Ayuntamiento de Morelia, inhabilitada por cinco años para ocupar cargos públicos. “Por irregularidades en el manejo, decisión, autorización, recepción, aplicación y administración de fondos, valores, recursos públicos municipales, que se traducen en daños y perjuicios cuantificables pecuniariamente en detrimento del recurso municipal. Se le obligó al reintegro de 64 mil pesos al erario. Su pena termina en el 2022.
En la segunda parte les presentaremos las estadísticas de los funcionarios sancionados, así como los motivos y hechos en que incurrieron durante su encargo en el gobierno.
