Por Francisco Rivera Cruz
Para el excontralor municipal, Doctor en Derecho Alejandro Sánchez García, la desesperada búsqueda por el gobierno de María Itzé Camacho de que le aprueben la Cuenta Pública 2020 estaría en la ilegalidad de haber sido electo como síndico el ex tesorero municipal Manuel Esquivel Bejarano teniendo reprobado un ejercicio fiscal anual.
Consultado, el ex funcionario en este gobierno de Camacho Zapiain, recordó que ya antes se intentó echar abajo el acuerdo del 5 de marzo, pero la iniciativa tendría más un intento político y no de responder a la sociedad sobre el destino y transparente uso de recursos públicos.
Se puede invalidar la decisión mayoritaria de marzo anterior, se le cuestionó al ex miembro del Consejo de la Judicatura Federal quien respondió con un tajante no, porque la autoridad administrativa no puede revocar sus propios actos.
Se podría, señaló, si la autoridad superior al gobierno municipal, en este caso la Auditoría Superior de Michoacán (ASM), determina que la Cuenta Pública está debidamente reprobada o no, “pero el Cabildo si quiere revocar sus propios actos, incurre en violación constitucional”.
La razón para afirmar violación constitucional, es que estarían auto beneficiándose al romper el principio de seguridad jurídica, explicó el excontralor.
“No pueden decir primero una cosa a la ciudadanía, y luego, ay perdón, me equivoqué. No darían certeza jurídica en nada”, argumentó.
Anotó que el hecho de que se repruebe por el Cabildo una Cuenta Pública quiere decir que no se están cumpliendo requisitos necesarios de la contabilidad gubernamental, situación por la cual, la ASM de entrada, tiene que sancionar al Tesorero o y Presidente Municipal, cuestión que toma tiempo y ocurre al revisar la situación financiera reportada.
Se le interrogó al especialista en temas de contraloría si fuera el caso de que todavía no se entregara la Cuenta Pública, a lo que expuso que ya tuvieron que haberla entregado porque por ley se establece un periodo no mayor de 30 días siguientes a que se trató en la respectiva sesión.
Al insistir en que no puede la autoridad administrativa revocar sus propias decisiones, consideró que el verdadero fondo sería, que la Constitución establece que si al Tesorero se le reprueba una Cuenta Pública, no puede contender para un cargo de elección popular, como lo ocurrió con Manuel Esquivel.
Al tener reprobada la Cuenta Pública, y haber ganado la elección, “esto entre comillas porque hay muchas dudas”, se viola el principio constitucional y eso les puede acarrear una condición política y penal, advirtió.
Quieren o tratan de cambiar las cosas por corte político y quitarse riesgos, dijo Alejandro Sánchez, quien observó “Han estado desesperados porque antes querían aprobar esa misma Cuenta Pública”, sin embargo, “si se aprueba lo ya reprobado, todo el que vote a favor sería materia de un delito”.
Y hablando de inconstitucionalidad, el especializado en Derecho Administrativo Jurisdiccional, dijo que su amparo lo han frenado tanto, porque saben que han cometido actos anticonstitucionales, y no quieren que el caso llegue a la Fiscalía General de la República, porque significa cárcel. A esto último, hay que recordar que en su momento, Sánchez García interpuso denuncias penales contra el gobierno de Itzé Camacho.
