¿Incremento a la tarifa?, autotransporte federal
Por Lic. Julio César Zamudio
Director Corporativo Mercadotecnia de México
Los transportistas de la FAT para poder solicitar incremento a la tarifa deben mandar hacer un estudio técnico de forma privada, el resultado se entrega a las autoridades correspondientes para que se emita un dictamen, sin embargo, es la autoridad de SEMOVI o de Transporte Público quien debe mandar hacer dicho estudio, es una serie de evaluaciones que se hacen y saber si se puede o no dar un incremento a la tarifa, hay transportistas que amenazan constantemente con bloquear avenidas, etcétera, sin embargo, ellos quieren incremento a la tarifa pero los microbuses en CDMX ya no deben circular porque es transporte chatarra, por un lado, en CDMX el titular de SEMOVI no hace absolutamente nada por realizar operativos, muy probablemente podría servir a intereses políticos, se debe hacer una petición formal respaldada por el estudio técnico, no se trata de bloquear calles ni carreteras, no se puede ejercer violencia para reclamar un derecho, se puede seguir una metodología más adecuada, hacer estudios técnicos y presentarlos a la autoridad correspondiente para esperar en un máximo de 10 días el dictamen de la autoridad de que si es o no viable el incremento a la tarifa, en caso de que no sea viable, se puede interponer el recurso de amparo para que un juez federal autorice el incremento a la tarifa, obviamente respaldado por el estudio técnico que será el parteaguas para la aprobación, con mucha facilidad un juez lo va a autorizar porque la mayoría de los titulares de movilidad y transporte público junto con sus funcionarios que tienen a su cargo son unos ignorantes, y más, los que están ocupando un cargo como director jurídico de una Secretaría de Movilidad que no saben ni siquiera la Ley de Movilidad y mucho menos están actualizados, es por ello que con facilidad les ganan demandas de amparo, el titular de una dependencia que regula el transporte público aprende según vaya pasando el tiempo, de nada sirve decir que hay titulares de movilidad que han estado en las más importantes conferencias de transporte público si no saben como desempeñar el cargo que ostentan, por ello, Mercadotecnia del Lic. Julio Cesar Zamudio es quien ha realizado todos los estudios técnicos a empresas del transporte público de forma privada y cursos impartidos a choferes multidisciplinarios por falta de recursos económicos de la DGAF y las diferentes SEMOVI de todo el país.
Los funcionarios encargados de regular el transporte público no atienden las peticiones de los pequeños y medianos empresarios del transporte público, atienden más sus intereses personales que los convierten en negocios propios.
Ahora bien, relacionado a Autotransporte Federal (DGAF) se podría decir que hay inoperancia porque ni siquiera hay papelería al interior de la DGAF, de hecho, los diversos accidentes en las vías de comunicación de jurisdicción federal, que desafortunadamente han cobrado vidas de mexicanos, gente trabajadora que por ineficiencia de servidores públicos de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) específicamente de la Dirección General de Autotransporte Federal, que se supone son los encargados de vigilar y supervisar las NORMAS y especificaciones técnicas de los vehículos, además, los vehículos deben someterse a una inspección-mecánica, misma que las realizan permisionarios particulares autorizados por la DGAF que hoy en día, ni siquiera cuentan con los formatos de verificación, ya que en la Dirección Ejecutiva de NORMAS y Especificaciones Técnicas realizó de manera muy discrecional el otorgamiento de dichos formatos solo a los particulares que dan su aportación monetaria, y, en cuestión de los trámites de los vehículos de carga, pasaje y turismo, y, carga de materiales y residuos peligrosos como el vehículo siniestrado en el puente de la Concordia de la Ciudad de México, mismos que se otorgan en la Dirección Ejecutiva de Tramites de Servicios de Autotransporte Federal, y que según los transportistas, el director de esa área pide “aportación” para liberar los trámites, y si no lo hacen, tardan hasta 2 meses en entregar un trámite que no debe tomar más de 10 días hábiles en ser entregado, en concreto, se debe solicitar una investigación también contra el director de Normatividad de la DGAF Jorge Sánchez por su inoperancia dentro de la DGAF, un sujeto por demás soberbio y prepotente, de la misma manera, investigar al personal a su cargo, se podrían encontrar con situaciones penosas y que pondrían en riesgo a la DGAF con su desaparición de la misma.
